Nota extra{ida de Clarín por Claudio Savoia

Clarín reveló el domingo que, sin trabajar, cobra $3,7 millones en mano.La Casación Federal convocó a un plenario, hubo peleas y dudas. La Corte terminó echándola.

La jueza de Casación Federal Ana María Figueroa, llegando al Senado en junio para defender su prórroga.

La extravagante situación llevaba casi un mes: Ana María Figueroa, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, cumplió los 75 años que la Constitución fija como tope para ejercer la magistratura el 9 de agosto. Pero ella comunicó a sus colegas que no se jubilaría, pese a que el kirchnerismo no había logrado votar en el Senado la prórroga de su pliego por cinco años. A la espera de ese salvavidas, ella permanecería en su despacho, pero sin firmar sentencias.

Desde entonces, la jueza era una especie de «okupa» judicial: sin trabajar ni de licencia, su presencia en el primer piso de Comodoro Py 2002 pasó de ser excéntrica a graciosa, y luego patética.

Así pasó todo el mes, pero el domingo Clarín publicó una noticia que rompió con la molicie: como todos los meses, Figueroa acababa de cobrar su salario completo, 3,7 millones de pesos en mano, con los descuentos sociales incluidos y, desde luego, sin pagar un céntimo de impuesto a las Ganancias.

Ese mismo día, los murmullos se transformaron en gritos. Los camaristas que comparten con ella el máximo tribunal penal del país salieron del off the récord y pasaron al WhatsApp, los consejeros de la Magistratura que venían analizando caminos para dejar afuera a Figueroa e iniciar el concurso para reemplazarla apuraron reuniones, hubo contactos con la Corte y un pedido para que el Colegio de Abogados porteño considere denunciar a la jueza en el fuero Contencioso Administrativo.

Pero el botón más veloz lo pulsaron en la misma Casación Federal: sin que estuviera programado ni hubiese otro motivo para convocarlo, el lunes el reemplazante de Figueroa en la presidencia del cuerpo, Mariano Borinsky, convocó a un plenario urgente de todos los camaristas para este martes por la mañana. ¿Tema? El caso Figueroa.

Horas antes, en la cena de la Fundación Poder Ciudadano por los 40 años de democracia, la jueza y su salario -que varios juristas estimaron deberá devolver- era el único tópico de conversación entre los numerosos jueces, fiscales y personal de la Corte y la Procuración General presentes.

¿Qué van a hacer con ella? era la pregunta recurrente a los integrantes de la Casación presentes: Borinsky, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci, casi la mitad de la Cámara. «Mañana nos reunimos para eso», era la escueta respuesta, reiterada mil veces entre canapés y discursos.

Aunque siempre incómoda, la situación ahora no daba para más.

Pero cuando el gong estaba por señalar el fin de la pelea, una última jugada retrasó el reloj: la veterana jueza llegó al encuentro del martes con un discurso escrito, se sentó en la cabecera de la mesa y casi desde la lona tiró una ráfaga de golpes bajos.

Ante el estupor de sus colegas, dijo que no había dicho lo que dijo y que no tenía vedado el derecho a firmar sentencias. Y que la «atacaban» por ser mujer.

El galimatías obligó a un cuarto intermedio para seguir discutiendo este miércoles desde el mediodía, cuando trabajosamente se empezó pavimentar el camino de salida de Figueroa con un «apartamiento» de su función y su reemplazo, cuyos términos empezaban a negociarse cuando llegó la noticia desde la Corte: por unanimidad, echaban a la jueza por haber cumplido la edad legal máxima para trabajar.

El golpe en la mesa, que el máximo tribunal había tratado de evitar esperando que la Casación le aliviara el mal trago, venía gestándose sigilosamente. La noticia sobre el pago de su envidiable salario a Figueroa aceleró esos trabajos también.

Otros factores también empujaban a la jueza hacia la puerta. Al tamaño y la persistencia del escándalo se habría sumado la incomodidad de algunos de sus familiares que también trabajan en la justicia, incluso uno de ellos con una buena carrera y esperanzas en algún concurso para ascender.

La jubilación de la camarista es otra derrota para el kirchnerismo, que había hecho de su defensa una causa de primera magnitud. También se despeja el camino para que la Sala I de la Casación Federal diga al país si se deben hacer o no los juicios por corrupción en los casos Hotesur y Los Sauces, y el de un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán. En ambos está acusada Cristina. Y las noticias no serán buenas para ella.