La reciente sentencia de la Corte Suprema que decidió el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi ha creado más problemas que soluciones.

Nota extraída de Clarín por Alberto Garay

En esa decisión, la mayoría de la Corte Suprema (Rosenkrantz votó en disidencia) innovó y yendo contra una añosa práctica anterior y haciéndole decir a la Acordada 7/2018 lo que su texto no consiente, juzgó que esos traslados no eran permanentes sino temporarios, algo que va contra decenas de años de la práctica contraria. Es decir, que los jueces permanecerán en ese tribunal hasta tanto se designen nuevos magistrados, concurso mediante.

Como existen más de sesenta jueces y juezas que en todos estos años fueron trasladados conforme el mismo procedimiento, esta sentencia -por su efecto expansivo- ha venido a poner en comisión a todos ellos. Ha violentado su estabilidad y ha herido su independencia.

La situación de todos ellos hoy está en pausa. Algunos podrán volver a su puesto anterior, si está vacante. Pero en muchos otros casos existirá una imposibilidad material de hacerlo, abriéndose un interrogante sobre su futuro. Es decir, se ha llegado al punto que el reconocimiento de la permanencia en el cargo procuraba evitar. El daño innecesario que se ha inferido al sistema es enorme.

Es innecesario, porque la Corte Suprema pudo evitar ese impacto. Bastaba con declarar que respetaría los traslados consolidados conforme la inveterada práctica anterior pero que, en adelante, ese proceder sería considerado contrario a la Constitución. En decenas de casos anteriores, algunos inclusive menos graves que éste, la Corte ha actuado de esta forma. No se comprende por qué ahora no lo ha hecho, a no ser que existan razones que no son las que el fallo anuncia.

La independencia judicial -garantía de los jueces y derecho de todos los habitantes- ha sido dañada. Previo al dictado de la sentencia, diversos funcionarios y simpatizantes del gobierno lanzaron insólitas amenazas a la estabilidad de los jueces del Tribunal si éstos fallaban en contra de los intereses del gobierno. El gobierno, fiel a su tradición política, no parecía dispuesto a consentir un fallo que lo contradijera.

Para evitar este tipo de contratiempos fue que, históricamente, el justicialismo siempre gobernó con jueces de la Corte Suprema que en su totalidad o mayoritariamente fueron designados por ellos. A fuer de sincero debo destacar que esa metodología tuvo importantes contratiempos judiciales durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner.

Pero las diatribas y atropellos a la institución, a las que aludí anteriormente, son indicadoras de que ahora no estaban dispuestos a tolerar situación semejante. Este es un caso testigo clave, pues desactiva a quienes debían juzgar múltiples imputaciones de corrupción de funcionarios públicos pasados y actuales de la Administración. La mayoría del Tribunal, fallando retroactivamente en contra de esa añosa práctica y de su propia Acordada -por mencionar sólo dos entre varias deficiencias del fallo-, parece ceder a esa presión.

La confianza pública en las instituciones, en la independencia e idoneidad del Poder Judicial y de la Corte Suprema, son clave en un estado de derecho.

En nuestro medio, esa confianza viene siendo mellada desde hace ochenta años, no sólo por comportamientos aberrantes de muchas dirigencias políticas sino también por decisiones judiciales que han sido vividas como claudicaciones frente al poder de turno. Reconstruir ese ominoso pasado es una tarea que necesitará de conductas ejemplares y de decisiones judiciales irreprochables. La sentencia que hoy comento, dolorosamente, no ilumina ese camino.