La causa que investiga a la vicepresidenta por dos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta ingresará la semana que viene en la fase de alegatos, mientras el fiscal prepara una dura acusación para después de la feria judicial “No quiere dar muchos detalles, pero va a acusar y será con un alegato muy duro”, adelantaron fuentes judiciales al referirse a la decisión del fiscal Diego Luciani, quien lleva la parte acusadora en la causa de Vialidad que investiga, entre otros acusados, a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Dos fuentes judiciales confirmaron que la decisión del fiscal ya está tomada, aunque aún resta tiempo para su alegato. El calendario es el siguiente: el lunes próximo comenzarán los alegatos, que es el turno asignado por el tribunal a la parte acusadora -en este caso, la Unidad de Información Financiera, ya que la Oficina Anticorrupción desistió de avanzar con su acusación. Con la Feria Judicial encima, fuentes de Tribunales explicaron a NEXOFIN que el turno del fiscal llegará recién después del receso invernal, para el mes de agosto. “Va a estar ocupando casi un mes entero con sus alegatos”, adelantaron cerca del fiscal.

El fiscal coincide en gran parte con la acusación original con la que la causa llegó a juicio oral. En este sentido, considera que se montó una estructura de múltiples beneficios desde organismos del Estado, para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner. Parte de estos negocios serían 18 transacciones de compraventa de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos y contrataciones cruzadas, entre otras.

Además, el fiscal respalda la auditoría de Vialidad Nacional que dio origen a este expediente donde se habló de un direccionamiento del 86% de las obras licitadas en Santa Cruz, a favor de Báez.

Qué pena podría pedir el fiscal

La actual presidenta del Senado llega a juicio acusada por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. “Se trata de dos delitos en concurso y si se tiene en cuenta la pena máxima de ambos podría llegar a pedir un máximo de 16 años el fiscal”, explicaron fuentes judiciales a este medio. En caso de pedir el mínimo, la pena sería de cinco años.

En caso de que efectivamente la vicepresidenta sea condenada por el Tribunal -se prevé que esto, de ocurrir, se daría en el mes de noviembre- luego será el turno de Casación, que debería revisar lo definido en el juicio oral.