Con el cierre estricto el Ejecutivo dispuso una ampliación de la asistencia, que equivale a un tercio de lo volcado en 2020 en términos del PBI. Para analistas, datos fiscales a abril tornan cumplibles las metas.

El Gobierno anunció medidas de asistencia por el nuevo cierre ante la segunda ola de coronavirus que estima en $ 480.000 millones por encima de lo que figuraba en el Presupuesto 2021, 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI), y que podría volcar sin exceder la meta fiscal primaria de este año de 4,5% del producto.

Se trata de una suma que en términos de PBI representa un tercio de lo destinado el año pasado: el Ejecutivo dispuso un gasto Covid de 3,5% del PBI y resignó ingresos equivalentes a 0,4% del PBI.

Para este año el Presupuesto preveía apenas casi $ 95.000 millones en partidas asociadas a la pandemia, principalmente focalizadas en la adquisición y logística de vacunas, a partir de lo cual al equipo económico proyectar un déficit fiscal menor al de 2020 sin bajar el gasto público en términos reales. En lo que va del año, el Ejecutivo fue elevando el monto autorizado.

Pero aun con este gasto adicional los analistas prevén que podrá ceñirse al déficit fiscal primario de 4,5% del PBI y, si consigue el financiamiento de deuda previsto en el mercado de capitales (40% del rojo), podría evitar emitir más pesos de lo pautado. El déficit fiscal primario en el primer cuatrimestre acumula $ 80.600 millones, el segundo más bajo desde 2014, mientras el financiero llegó a $ 241.000 millones, lo que deja cierto margen de maniobra.

La consultora LCG estima que la mayor recaudación por derechos de exportación y los ingresos del impuesto a la riqueza, en consonancia con una licuación en términos reales del gasto previsional permitirían cumplir un déficit primario menor al planteado en el Presupuesto, aunque prevé que con la asistencia el rojo en las cuentas públicas terminará en línea con la meta.

«Con unas cuentas fiscales que reflejan un resultado primario menor al esperado, es probable que las presiones, por un aumento del gasto en el marco de la segunda ola de rebrotes y a meses de las elecciones, se hagan más palpables y las internas dentro de la coalición del Gobierno se intensifiquen«, señaló.

En tanto, Matías Surt, de la consultora Invecq, asegura que aun con este gasto adicional el Gobierno todavía puede terminar en línea con el déficit presupuestado e incluso sobrecumplirlo. 

«Los números fiscales hasta abril vienen muy bien, hay posibilidad de terminar el año con un déficit mucho menor del que presupuestó y ahorrarse de emitir pesos que nadie demanda», explicó, aunque advirtió que todas las cifras del Presupuesto están desdibujadas por la inflación, aunque en contrapartida permiten una mayor recaudación por IVA y deteriorar las partidas que ajusten a una menor tasa.

Además, enfatizó que el Ejecutivo debería subrecumplir esta cifra para tener un margen para 2022, año en el que se espera un fuerte aumento del gasto previsional, y para achicar la dependencia del ingreso extra por las retenciones, atado a un precio internacional que Argentina no maneja.

No obstante, la parte del déficit que se debe financiar en el mercado de deuda, un 60% del rojo primario, reúne los mayores desafíos, dado que en el primer cuatrimestre acumuló un financiamiento neto de casi $ 150.000 millones y en mayo hasta el momento tuvo un roll over menor al stock de vencimientos, aunque queda una licitación más.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló que los ingresos del impuesto a la riqueza totalizarán unos $ 220.000 millones, mientras que estimaciones privadas apuntan que los derechos de exportación y la suba de commodities inyectarían entre $ 150.000 millones y $ 200.000 millones. 

En cuanto a los gastos Covid, en los primeros cuatro meses del año, se ejecutaron $ 83.000 millones, mientras que sólo en abril de 2020 había totalizado $ 230.649 millones.

Con el nuevo cierre estricto, el Gobierno anunció una ampliación de las medidas de apoyo. Anunció la extensión del Repro II de $ 18.000 por trabajador a $ 22.000 (un total de $ 52.000 millones), un incremento del salario complementario para sectores críticos y trabajadores de la salud ($ 6000 millones), reducción de aportes patronales a gastronómicos ($ 8500 millones), robustecimiento de la Tarjeta Alimentar ($ 18.000 millones por mes) y la ampliación de la asignación universal por hijo (AUH) y otras asignaciones familiares ($ 29.000 millones).