La medida busca agilizar la respuesta judicial en casos de delitos como narcotráficos, secuestro y contrabando.

El Gobierno Nacional anunció la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en las provincias de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de agilizar la respuesta judicial en casos de delitos graves como narcotráfico, secuestro y contrabando. Este sistema, conocido como acusatorio, ya se encuentra en funcionamiento en Jujuy, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Luis y San Juan, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que en diciembre también se incorporarán Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Durante el acto oficial, Cúneo Libarona subrayó que el nuevo Código “le da a la justicia las herramientas para encarcelar a los delincuentes más peligrosos en horas, cuando antes el proceso tardaba años”. En esta línea, resaltó la efectividad del nuevo sistema en Rosario, donde se logró una condena por narcotráfico en solo 30 días. A la ceremonia asistieron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes apoyaron esta reforma clave para sus provincias.

El sistema acusatorio implica una reorganización del proceso judicial, en el cual los fiscales son los encargados de llevar adelante la investigación, mientras que los jueces cumplen un rol imparcial de supervisión, dejando atrás el antiguo modelo inquisitivo. Además, se elimina la figura del expediente físico, reemplazada por audiencias orales, en las que el fiscal expone sin la obligación de compartir todos los detalles con el juez. Esto permite un proceso más dinámico y transparente.

Un aspecto innovador de la implementación en Neuquén es el acceso a laboratorios forenses para analizar evidencia, como drogas, gracias a la colaboración del Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Cúneo Libarona expresó que este avance “es un cambio enorme: antes la justicia federal no tenía laboratorios para analizar la droga, ahora contamos con las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y poner fin a la impunidad”.

El ministro concluyó que este proceso de reforma busca consolidarse en todo el país para 2026, con la visión de una justicia rápida y eficaz: “Seguimos trabajando para construir una justicia firme y rápida, verdaderamente al servicio de los argentinos. El Gobierno Nacional se propuso completar de una vez y para siempre una reforma ineludible, que hemos procrastinado durante cuarenta años”.