A través de un comunicado, el gobierno de Javier Milei denunció un sabotaje a la embajada argentina en Caracas.

En un contexto de crecientes tensiones políticas en Venezuela, el gobierno argentino ha tomado una postura contundente al exigir al régimen de Nicolás Maduro la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas. 

Esta demanda acompaña la decisión de la Argentina de brindar refugio a un grupo de seis líderes opositores venezolanos, quienes actualmente se encuentran en la residencia oficial del embajador argentino en Caracas.

Este lunes, el Ejecutivo expresó su preocupación a través de un comunicado oficial, denunciando el “deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela”.

En este contexto, el Gobierno denunció la interrupción del servicio eléctrico en la sede diplomática cometido por fuerzas de choque que responden al líder chavista. Además, advirtió al gobierno de Caracas sobre “cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático” de la delegación argentina.

El pronunciamiento del Estado argentino ocurre tras el impedimento de la inscripción de la candidata Corina Yoris por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para las elecciones programadas para el 28 de julio.

“Con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias, ha acogido a líderes políticos de la oposición en la residencia oficial del embajador argentino en Caracas”, indicó el comunicado oficial.

Los refugiados en la embajada argentina en Caracas serían Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y un sexto dirigente cuyo nombre aún no trascendió. A su vez, todos los protegidos por el gobierno argentino pertenecen a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por María Corina Machado.

Los dirigentes ingresaron al establecimiento hace cinco días y, desde ese momento, fueron resguardados por la administración de Milei. 

Tras el corte deliberado de luz causado por militantes que responden a Maduro, el presidente apeló al artículo 22 de la Convención de Viena para exigir al régimen populista que respete las normas de convivencia entre dos estados que mantienen vínculos diplomáticos.

Dicho artículo establece:

“1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.

El comunicado oficial emitido por la Cancillería, tras varias revisiones entre Javier Milei, Nicolás Posse, y Diana Mondino, refleja un claro posicionamiento político. De hecho, no fue casualidad que al finalizar el comunicado se haya utilizado el adjetivo “socialista” para referirse a Nicolás Maduro. 

“Finalmente, el Presidente Javier Milei insta al socialista Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo”, sostiene el último párrafo del escrito. 

Desde esta posición política, la Cancillería hará lo necesario para proteger la vida y seguridad de los seis refugiados, planificando una estrategia diplomática para facilitar su salida de Caracas hacia Buenos Aires, lo que también será una tarea desafiante ante un Maduro en campaña electoral y reacio a ceder a presiones externas.

El contexto electoral en Venezuela muestra una clara intención del régimen de asegurar la reelección de Maduro mediante la proscripción de líderes opositores y el bloqueo de un control institucional ejercido por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que pugnan por la transparencia electoral.

La principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció impedimentos para acceder al sistema e inscribir a su candidata, la historiadora Corina Yoris, elegida tras la inhabilitación contra María Corina Machado para competir por cargos públicos hasta 2036. 

Finalmente, vencido ayer el plazo para presentar a Yoris como candidata del PUD, el régimen bloqueó esa nominación. Machado, en tanto, aseguró que no apoyará a ningún candidato que no sea Yoris.

“El país tiene derecho a conocer toda la verdad y el resultado de lo que ha ocurrido es que anoche, a las 12 de la noche, a la Plataforma Unitaria no se le permitió inscribir su candidatura. El régimen impidió que se inscribiera a la doctora Corina Yoris. Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos”, dijo Machado ante la proscripción de su candidata presidencial.

En cambio, Maduro formalizó ayer su candidatura para aspirar a un tercer mandato de seis años en las elecciones del 28 de julio. Se trata de una batalla asimétrica: el régimen protege a su dictador y a la vez prescribe a los líderes de la oposición.