El Gobierno espera que la inflación de julio sea la más baja del año, con una cifra estimada entre 3,8% y 4,1%, por debajo del 4,6% registrado en junio. Sin embargo, la preocupación en la Casa Rosada se centra en la recesión, ya que no se observan señales de reactivación a corto plazo, aunque algunos funcionarios optimistas creen que lo peor de la caída ya pasó.
El Ejecutivo confía en la reactivación del crédito y la llegada de inversiones gracias a la Ley Bases y está acelerando la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Además, el Gobierno se niega a devaluar en el corto plazo y planea eliminar el cepo cambiario antes de 2025, siempre que cuenten con un «colchón de dólares seguro».
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca cerrar un préstamo con el FMI por U$S10.000 millones y otro refuerzo del Banco Mundial por U$S2000 millones, mientras mantiene críticas al sector agropecuario por no liquidar divisas. También planean reducir la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%.
Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara decretos para modificar regulaciones y avanzar en la privatización de seis empresas públicas antes de 2025, incluyendo AYSA y Correo Argentino. Además, se busca reactivar la actividad a través de modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, permitiendo exportaciones sin intervención de la Nación.
Finalmente, el Gobierno ha publicado un decreto que le permite rescindir contratos de obra pública firmados antes del 10 de diciembre de 2023 y renegociar concesiones, aunque se descarta que esta medida impulse significativamente la actividad económica, enfocándose en cambio en la reforma laboral.