Nota extraìda de la Naciòn por Carlos Pagni. martes 10 de marzo de 2020

El problema de Alberto Fernández es que tiene al lado a alguien que es su vice, que espera que se demuestre que todas las acusaciones de corrupción fueron una arbitrariedad.

Al tener en cuenta algunas de las novedades que transcurrieron esta semana, sobre todo, en materia institucional y judicial sería oportuno preguntarle al embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Edward Prado , por qué dispuso, él o sus superiores, la liberación de Julio De Vido y Roberto Baratta . O tal vez haya sido el resultado de una exitosa gestión de Jorge Arguello .

¿Qué es lo que se intenta explicar a través de esta ironía? Con estas liberaciones quedan en ridículo quienes sostienen la teoría del lawfare como una conspiración del imperio norteamericano. Es decir, aquellos que creen que existe una relación mecánica y directa entre la política de Estados Unidos y el castigo a la corrupción en determinados funcionarios de América Latina. En cuyo caso, no se explicaría por qué Pedro Pablo Kuczynski – si hay un amigo de EE.UU. en la región es él-, cayó por el caso Odebrecht .

Asimismo, queda en ridículo también el sistema judicial. A De Vido y Baratta se les aplicó la prisión preventiva durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando estaban en la oposición, al alegarse que podían destruir pruebas que jugaran en su contra o incluso fugarse durante los procesos judiciales a los que estaban siendo sometidos.

Sin embargo, ahora se los libera cuando su grupo político vuelve al poder. Pero, ¿cuándo tenía más posibilidad de destruir pruebas en Río Turbio, Julio De Vido? ¿Cuándo gobernaba Macri o cuando Río Turbio se encuentra bajo el mando de Aníbal Fernández? De estos interrogantes se desprende un enorme malentendido. Por un lado, cuando se les aplicó la prisión preventiva a estos exfuncionarios, muchos creyeron que se los estaba condenando efectivamente por los delitos que se presume cometieron. Y ahora, cuando se los libera, se entiende que se los está exculpando de esos mismos delitos.

Ni una cosa, ni la otra son verdaderas. Pero en ambos casos se genera una gran confusión en la opinión pública que le permite a De Vido, por ejemplo, decir que como ahora han sido eximidos de la prisión preventiva todo lo que se sospecha de ellos es falso.

Es decir, así como en su momento se confundió a la prisión preventiva con una condena, ahora se malentiende la excarcelación con una absolución. Sin embargo, se trata de algo muy difícil de hacer creer sobre todo si se recuerda, entre otras cosas, que Ricardo Jaime confesó haber recibido coimas para atenuar la pena en una causa judicial, e incluso dijo cuáles eran los empresarios que se la habían pagado, entre otros, los Cirigliano. En ese mismo sentido, cómo se podría creer en la inocencia de José López, un hombre que revoleó 9 millones de dólares detrás de los muros de un convento, munido de una ametralladora.

Por otro lado, ¿cómo hacer para exculpar la maquinaria administrativa del kirchnerismo con los cuadernos de Centeno publicados por LA NACION? Cómo hacerlo, cuando hay empresarios que admitieron haber pagado coimas en esas circunstancias. Más allá de las innumerables objeciones que se pueden hacer a muchos de los procedimientos, sobre todo de gente que ni siquiera fue llamada a declarar, como por ejemplo Sebastián Eskenazi y Francisco Larcher, a pesar de la denuncia del contador Manzanares. ¿Cómo se puede ocultar lo que salió a la luz?

En cuanto al propio De Vido, qué pasaría si algún fiscal mirara la fundación que administraba su esposa y en donde los principales empresarios vinculados al Estado hacían aportes. Habría que tener cuidado porque si alguien investigara esta entidad se encontraría con cuestiones del pasado y del presente. ¿Quién la manejaba? ¿Quién cobraba los aportes? ¿Quiénes aportaban?

Este tipo de fragilidades revelan la importancia de los procedimientos. Este es el problema que afronta centralmente el Gobierno y principalmente Alberto Fernández, por muchas razones. Tal vez la más importante es que hay una contradicción política muy difícil de manejar y que, a medida que pasa el tiempo, queda más evidente. Como presidente peronista pretende depegarse y tomar distancia frente a lo que fueron años de escandalosa corrupción. Y, ¿cómo lo hace? Proponiendo una gran agenda de saneamiento institucional que pretende superar a la de Macri.

El problema es que tiene al lado a alguien que es su vice, que espera que se demuestre que todas las acusaciones de corrupción fueron una arbitrariedad.

Tal vez por eso el lunes pasado Cristina Kirchner entró a Olivos a las 11 de la mañana y se fue a las 3 de la tarde. Cuatro horas de discusión con Alberto Fernández y la ministra de Justicia Marcela Losardo para que le expliquen cuál era la reforma judicial que estaban pensando, que se había anunciado el día anterior en el Congreso y de la que ella no sabía demasiado.