Entre los datos requeridos al poder Ejecutivo, desde la fiscalía de San Isidro se pidió por las medidas sanitarias que se aplicaron la noche del festejo.

En medio de la espera por la confirmación sobre dónde quedará asentada la causa que investiga al Presidente Alberto Fernández y su mujer Fabiola Yáñez por la fiesta de cumpleaños realizada en plena cuarentena estricta, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli realizó un pedido a la Secretaría General de la Presidencia para que informe los protocolos sanitarios que se habrían aplicado la noche del 14 de julio de 2020.

De la misma manera, se dirigió a la Secretaría de Innovación Pública para que entregue una información sobre la aplicación Cuidar. En ese sentido, el Gobierno deberá cumplir con lo requerido antes de que se cumpla el plazo establecido de cinco días.

“Encomiéndese nuevamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia que, dentro del término de cinco (5) días, tenga a bien emitir un informe pormenorizado sobre los recaudos y protocolos sanitarios para prevenir la propagación del COVID-19, que habrían sido aplicados el día 14 de julio de 2020″, detalló en su resolución.

Además del mandatario y la primera dama, quedaron imputados otros invitados, entre los que se encuentran Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Carolina Marafioti y Federico Abraham.

Aunque ya pasó más de un mes desde que el expediente se fue de Comodoro Py, todavía no está definido quién quedará a cargo. Hace una semana, Mirabelli le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que se inhiba de seguir investigando otra causa iniciada por una denuncia similar.

Sebastián Casanello, el magistrado que se encontraba a cargo de la causa de “los festejos de Olivos” anteriormente, había declarado la “incompetencia” de su juzgado “en razón del territorio” en el que ocurrieron los hechos investigados y consideró que le corresponde intervenir a la justicia federal de San Isidro, “con jurisdicción en Olivos”, donde se encuentra la quinta presidencial. A partir de ese momento, la investigación avanzó muy poco por la disputa de competencia.