Nota extraída de The Post Argentina, por Carlos Mira

Luciani demostró que, Santa Cruz, con apenas el 0,7% de la población del país recibió en esos años el 12% de la adjudicación de las obras públicas totales de la Argentina cuyas licitaciones habían sido ganadas en su totalidad por Lázaro Báez

El fiscal Diego Luciani entregó ayer el primer capítulo del largo alegato acusatorio que desembocará en un pedido de condena extensa para Cristina Fernández de Kirchner, la integrante aún viva de la jefatura mafiosa de la banda criminal que tomó el gobierno en mayo de 2003.

Gran parte de lo expuesto por Luciani reivindica lo que hemos sostenido en estas columnas y en la radio tantas veces: los Kirchner no se hicieron delincuentes una vez que llegaron al gobierno porque vieron el filón de zambullirse en palomita sobre una interminable montaña de recursos. No: los Kirchner eran delincuentes antes de llegar al gobierno (con una banda constituida en Río Gallegos) y se disfrazaron de políticos para alcanzar, con ese ropaje, los sillones del Estado y desde allí robar las cantidades industriales de dólares que robaron.

Lo dio Luciani por probado cuando más de 3 toneladas de evidencias (literal) lo llevaron al convencimiento de que los Kirchner utilizaron la estructura pública para hacer funcionar una organización piramidal, extendida en el tiempo, que comenzó a cometer delitos en cuanto se instaló en el gobierno en 2003 y continuó haciéndolo hasta que lo abandonó en 2015.

Esa convicción se solidifica con lo que el fiscal llamó (y mostró las pruebas documentales que lo avalan) el plan “limpiar todo” que se empezó a instrumentar entre el gobierno que acababa de perder las elecciones en 2015 y Austral Construcciones (la empresa creada ex profeso por orden de Néstor Kirchner 12 días antes de que él mismo asumiera la presidencia, lo que confirma la tesis de que los Kirchner llegaron al poder con el firme objetivo de utilizar el gobierno para UN cometido criminal que tenían trazado desde antes) para tratar de no dejar huellas de los delitos.

Cabe agregar que el desempeño de la banda en la órbita pública no solo le dio acceso a botines con los que nunca podrían haber soñado desempeñándose en el “sector privado de la delincuencia” (asaltando bancos o camiones de caudales, por ejemplo) sino que les permitió actuar con la presunción de inocencia y legitimidad con las que encima los premiaba el hecho de desempeñar cargos públicos. Y eso, a su vez, amén de los privilegios de los que gozaron por ocupar dichos lugares.

Es decir, la adopción del “disfraz” político constituyó una verdadera “win-win situation” para la banda que no tuvo otra cosa mas que ventajas por llevar su actividad criminal al sector público.

Luciani calificó este montaje como la “más extraordinaria matriz de corrupción que lamentablemente haya sufrido la historia del país” y dejó en claro que perseguir el castigo equitativo de la Justicia sí le interesaba a él como depositario de la responsabilidad de cuidar el patrimonio público de la sociedad que representa, más allá de que la soberbia vicepresidente haya asegurado, en su indagatoria, que lo que hicieran los jueces no le interesaba porque a ella ya la había absuelto la Historia.

El fiscal demostró, con evidencia documental, que el capitán del operativo “limpiar todo” fue José López, el mismo que llevó más de 10 millones de dólares (si contamos el efectivo y los objetos de valor) y una ametralladora a un “convento” en Gral Rodríguez para ocultarlos allí, sin advertir que todo quedaba grabado en las cámaras de seguridad cuyas imágenes se viralizarían luego en una de las pruebas más evidentes del robo kirchnerista, solo rivalizada, quizás, por el inescrupuloso conteo de dólares en “La Rosadita” de Puerto Madero, con los hijos de Báez a la cabeza.

Todo el mundo recuerda la escena de teleteatro propio de Andrea del Boca (que no en vano fue su coach) que Fernández de Kirchner protagonizó en un vivo de Infobae con Luis Novaresio a quien le aseguró que en ese momento “había odiado” a López (a quien dijo no conocer) porque tomó conciencia de cómo se habrían sentido de defraudados los “miles de jóvenes que se tatuaban” la imagen de ella “o la de Néstor”.

Luciani demostró que, Santa Cruz, con apenas el 0,7% de la población del país recibió en esos años el 12% de la adjudicación de las obras públicas totales de la Argentina cuyas licitaciones habían sido ganadas en su totalidad por Lázaro Báez.

También demostró cómo esas licitaciones estaban armadas para que solo pudieran presentarse las firmas de Báez que, para ese entonces había barrido con toda la competencia por la vía de comprar todas las demás empresas constructoras de la provincia.

Y también dejó en evidencia, con un lenguaje llano y una metodología hasta entretenida y muy de acuerdo a los tiempos tecnológicos que corren, que la mayoría de las obras no se terminó aún cuando fueron cobradas en muchos casos por adelantado (con los consabidos sobreprecios, por supuesto) en un abanico de estafas pocas veces visto, incluso en un país familiarizado con la corrupción pública como la Argentina.

La sociedad ya conocía gran parte de estos hechos por investigaciones periodísticas y por denuncias de políticos de la oposición que se habían ocupado de seguir el tema. Pero ver ahora a un funcionario judicial de alta jerarquía enhebrar todos los eslabones de la cadena criminal delante de todo el mundo fue muy fuerte.

El streaming del Zoom superó las 20 mil personas conectadas, en un hecho sin precedentes para el seguimiento de una causa judicial.

Muchos trolls kirchneristas salieron a especular una vez más con la falta de conocimiento técnico de la gente batiendo el parche de que todo lo que estaba diciendo el fiscal iba a tener que probarlo. Error: todo está probado. Justamente lo que el fiscal hace en su alegato es valorizar la prueba que se vino produciendo durante el juicio oral ante los jueces del tribunal.

Faltan aún ocho jornadas como la de ayer. Falta mostrar muchas más evidencias, muchas más pruebas para dejar en claro de una vez por todas que, desde que llegaron al gobierno los Kirchner, el Estado se organizó para robar.

Resulta muy difícil bajo estas circunstancias que la vicepresidente no sea condenada a la escala más dura de la pena (16 años de prisión) por el cúmulo de delitos que cometió dirigiendo la asociación ilícita que constituyó con su marido y otros secuaces menores santacruceños como De Vido, López, Báez, Jaime, Barata, el primo de Kirchner, Carlos, y los hijos del matrimonio.

Aquellos sueños construidos en los bares de Río Gallegos de hacerse millonarios asaltando el Tesoro Público los pudieron cumplir. Pero si la Providencia lo permite, algunos de ellos, y gracias a funcionarios como Diego Luciani y Sergio Mola, al menos, pagarán con el escarnio público el peso de sus crímenes.