El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien planteó la necesidad de suspender la ley por una deuda que tiene Nación con la provincia.

Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo.

En su artículo 5º, la Ley establece «un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente». Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.

En este sentido, el Procurador General sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. 

«Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas», afirmó el Procurador. 

En ese contexto, Fiscales Penales informó que el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. «La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana», expresó el Procurador.