La normativa busca extender la vigencia de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los precios, en lugar de ser semestral.

Luego de la tensión vivida la semana pasado entre el oficialismo y la oposición, el Senado tratará este jueves el proyecto de ley de alquileres en una sesión especial mediante videoconferencia. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado.

Además, también se debatirá un proyecto para legalizar la educación a distancia, en medio de la pandemia por el coronavirus​ y una iniciativa para modificar la ley aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la constitución e inscripción de las llamadas “Sociedades por Acciones Simplificadas”, que todo indica que la oposición rechazará.

Se trata de un texto del oficialista Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que busca suspender por 180 días la herramienta creada durante el macrismo por considerar que ha utilizada para encubrir maniobras de lavado de dinero.

La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a las 14 y desde la oposición consideran que el Frente de Todos violará lo que se votó por unanimidad. Sucede que a través de un decreto, la presidencia de la cámara Alta estableció un protocolo para las sesiones virtuales, el cual limita los debates por videoconferencia a proyectos que tengan que ver con la emergencia sanitaria decretada el 20 de marzo último.

“La ruptura de lo que se votó por unanimidad correrá por cuenta del Frente de Todos”, afirmó Luis Naidenoff (UCR-Formosa), jefe del interbloque de Juntos por el Cambio al respecto.

La semana pasada, la oposición se negó a discutir dos decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Macri, vinculados al traslado del control de las escuchas judiciales a la Corte Suprema, y bloqueó el tratamiento de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia.

Ley de alquileres

El proyecto establece nuevas reglas de juego en la relación entre locatarios e inquilinos, como la extensión de tres años de los contratos, que hoy es de dos, y el establecimiento de un mecanismo de actualización mediante el uso de una fórmula que combina los índices de precios al consumidor y el de variación salarial (Ripte).