Gerardo Montenegro es representante por la provincia de Santiago del Estero. Los datos de la propiedad están en poder del juez federal provincial Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal Cecilia Indiana Garzón, quienes lo indagaron hace dos semanas. 27 noviembre, 2022

Hace días, el senador kirhnerista, Gerardo Montenegro declaró como imputado ante el juez federal de Santiago del Estero, Santiago Argibay, quien lo citó a indagatoria por una denuncia de lavado de dinero.

El 13 de julio pasado, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero, el senador de Santiago del Estero Gerardo Montenegro vendió su casa en Miami, registrada a través de una sociedad de su mujer y su hijastro. La propiedad en Estados Unidos fue vendida en USD 460 mil. Cómo fue la operación para adquirir un lujoso departamento en Uruguay.

La causa judicial contra Montenegro comenzó con una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese organismo detectó graves irregularidades en el patrimonio del senador y le mandó un informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que finalmente hizo la denuncia ante la Justicia federal de Santiago del Estero.

El representante K fue acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas aparecieron familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.

Los movimientos bancarios de “Solidaridad” llamaron la atención de los investigadores, ya que entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.

Montenegro está siendo investigado desde comienzos de 2021 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se transformó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador está acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo.