El informe, de 122 páginas se titula “Un país en estado de sospecha”, fue ordenado por Mesicic, el organismo especializado en corrupción de la OEA, y analizar el estado de avance de la implementación de la Convención Anticorrupción en Argentina.
“La República Argentina vive un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde con el mundo del derecho”, explica el documento cuya una de las conclusiones más contundentes es que las causas de corrupción en el país no llegan a resultados porque el sistema es funcional a ese fin.
“La falta de estadísticas y la duración de las causas, como están en la Argentina, son funcionales a mantener y agravar la corrupción en el país. Como consecuencia, el país vive en un gigantesco estado de sospecha, donde los funcionarios o exfuncionarios no son condenados pero tampoco declarados inocentes”, indica el informe al que accedió La Nación.
En el texto de Fores se afirma, también, que “La Argentina tiene un sistema normativo muy aceptable para combatir y reprimir la corrupción -agrega-. Pero no se cumple. En realidad parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias.”
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