martes, abril 16

En medio de la polémica por los Fondos fiduciarios, ¿qué son y cómo se financian?

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El Gobierno los puso en la mira porque considera que son la «caja negra» de la política. Cómo se conforman, y de donde obtienen financiación

En las últimas horas se conoció que el Gobierno decidió la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado por el ex presidente Alberto Fernández en medio de una protesta policial, con el fin de «contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas» del distrito.

Por otra parte, se resolvió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y reducir el aporte que recibe del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) al 1%. Este fondo está destinado a la urbanización de barrios populares, pero quedó envuelto en una polémica tras conocerse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois.

Estas medidas indican que el Gobierno está avanzando sobre aquellos fondos lo que el propio presidente Javier Milei considera que «son cajas negras de la política», en particular aquellos que fueron creados por decretos y que a grandes números suman unos u$s2.000 millones. 

¿Qué es un fondo fiduciario o fideicomiso?

La figura del fondo fiduciario o fideicomiso permite que una persona u organización le otorgue a otro la administración de dinero o bienes, con el objetivo de que los utilice en favor suyo o de un tercero, pudiendo ser públicos o privados.

Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), explican que «los fideicomisos son un instrumento que se pueden utilizar tanto en el sector público como en el privado para financiar determinados gastos, asegurándose de que los fondos se utilicen para un fin concreto y no se puedan desviar a otros propósitos». Es decir que los fondos fiduciarios tienen en todos los casos una asignación específica y los recursos no pueden destinarse a otros gastos presupuestarios, como al pago de salarios.

Sus fuentes de financiamiento son diversas: por aportes del Tesoro Nacional, la recaudación de un impuesto específicamente creado para tal fin o el resultado de inversiones de los propios fondos.

El Gobierno los puso en la mira porque considera que son la «caja negra» de la política

Cuántos fondos fiduciarios hay actualmente

En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios, siendo los más importantes:

  • Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT): se financia con el cobro de una tasa sobre los combustibles y se destina a la financiación del transporte público automotor y ferroviario
  • Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Su financiamiento surge de aportes públicos del presupuesto nacional, privados y de otros organismos.
  • Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR: su objeto es facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos hipotecarios y asistencia financiera a tasas bajas.
  • Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS): subsidia el consumo residencial de gas en la Patagonia y otras «zonas frías».
  • Fondo Fiduciario de Desarrollo Productivo (FONDEP): Se financia con aportes del Tesoro y su objeto es «facilitar el acceso al financiamiento de proyectos que promuevan la inversión o contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país
  • Fondo de Garantías Argentino (FOGAR): este fondo tiene por objeto ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las empresas que desarrollen actividades económicas o productivas en el país, de modo que consigan mejor tasa.
  • Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU): financia proyectos de integración socio urbana para los asentamientos y barrios populares, así como la creación de lotes con servicios.

Con respecto al financiamiento de los fondos fiduciarios, el 44% del mismo proviene de transferencias del Gobierno; el 40% de rentas de la propiedad (intereses por inversiones realizadas, ventas de bienes o servicios, etcétera) y el resto por aportes de organismos internacionales, ONGs, etc. 

La administración de los fondos fiduciarios

Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que «la mayor utilización de los fondos fiduciarios públicos en el ámbito nacional puede explicarse, en parte, por las ventajas que presenta este instrumento para ejecutar más eficientemente recursos públicos en relación con los organismos que integran el presupuesto de la administración nacional».

No obstante, el informe advierte que «la mayoría de los fondos fiduciarios, incluso los que concentran la mayor parte de los recursos del sector institucional, financian en el presente actividades presupuestarias que podrían canalizarse a través del presupuesto nacional».

Además, se señala que «la proliferación de fideicomisos incrementa las necesidades financieras del Tesoro Nacional», por lo que «mientras un área de la administración pública se asegura recursos para el cumplimiento de sus objetivos a través de un fondo fiduciario y en algunos años acumula liquidez, por otro lado se corre el riesgo de desfinanciar al Tesoro provocando un empeoramiento de la situación fiscal».

En este sentido, un trabajo de la Fundación País Abierto y Digital (PAD) que fue publicado en diciembre de 2023 advirtió sobre «la existencia de fondos con ingresos significativos, pero sin que se verifiquen egresos por valores similares» y otros cuyas funciones se superponen entre sí, pero lo más significativo es que son «cajas cuya ejecución y uso terminan siendo opacos, discrecionales y fuera de cualquier auditoría o control. Lo deseable sería que nada de eso existiera y que todo estuviera en el presupuesto».

El Gobierno eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires

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Es por ello que en general quienes conocen del tema consideran que el problema es que no se publica información sobre cómo se utilizan esos fondos, a quiénes se contrata, por qué valores y cuál es el cumplimiento real de los objetivos del fideicomiso». Y es precisamente este último aspecto el que llevó al actual Gobierno a ponerlos en la mira, aunque haya sectores que se vean perjudicados.