En quiebra, Venezuela cede el control de sus empresas a capitales privados
Plantas de una variedad de rubros como químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles que fueron siendo estatizadas a lo largo de los mas de 20 años que el chavismo lleva en el poder están siendo transferidas a inversores privados bajo el mote de “alianzas estratégicas” para que sean gerenciadas. Esto es, “cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno”.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas. “El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”.
El rubro alimentario fue uno de los grandes perdedores de las medidas tomadas en el “socialismo del siglo XXI”. Según consigna Bloomberg, desde el inicio de la revolución fueron confiscadas y estatizadas más de 1.000 empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. Las nuevas empresas, ahora bajo control del estado fracasaron en su objetivo de lograr la soberana alimentaria que pregonaban. “Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el Gobierno reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones”, sostiene el medio norteamericano”.
Los resultados quedaron a la vista de todos, escasez de insumos básicos que llevó a hambrunas. Los pocos productos que se conseguían eran importados a precios inalcanzables para el venezolano promedio. En el país caribeño el salario mínimo llegó a la irrisoria suma de 0,92 dólares en el mes de octubre, según El País.
Sin embargo, la situación parece estar cambiando y ahora reciben con los brazos abiertos las iniciativas en favor del capitalismo. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”.
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la ley anti bloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar. Términos de asociación similares se han establecido anteriormente en la industria petrolera. PDVSA otorgó a las empresas locales más control sobre activos estatales como petróleo y plantas de compresión de gas para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.
Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen plazos, generalmente de cinco a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.
La mayoría de los nuevos acuerdos se realizan en zonas rurales del país. Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi US$150 millones para reabastecerse, según cuatro de las personas.
Sin embargo, los años de desprecio hacia el sector privado hacen dudar a muchos empresarios interesados en hacer negocios con el gobierno venezolano y temen que los vuelvan a confiscar cuando las compañías se vuelvan rentables.
Desde Bloomberg aseguran que la situación en Venezuela ya se ha visto en otros Estados autoritarios de izquierda
“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas locales privadas y a inversionistas de países aliados al Gobierno”, dijo Asdrubal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalítica, hablando de la década de 1990. “Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profunda con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente”, sostiene un analista.
Fuente: Bloomberg e Infobae
