Nota extraída de Infobae por Eduardo Zablotsky

Once prioridades que los candidatos deberían incluir en sus programas

En junio de 2015, hace exactamente ocho años, publiqué en este mismo espacio una nota titulada al igual que la presente. Nos encontrábamos frente a un nuevo proceso electoral, a pocas semanas de las PASO, las cuales fueron ideadas como una suerte de elecciones primarias obligatorias. Señalaba en aquella nota que, naturalmente, a todos los candidatos les importa la educación, la salud y la seguridad, al igual que a la mayoría de nuestros compatriotas, pero todo candidato debe decirnos mucho más que afirmar que las habrá de mejorar, debe decirnos cómo lo hará y en qué se diferencia su propuesta de las de sus competidores.

Retornemos a nuestra realidad. Es claro que hoy en día ello no ocurre. Se podrá argumentar que las campañas se iniciarán luego de las PASO y que en ese entonces los candidatos a ejercer la primera magistratura comenzarán realmente a difundir sus propuestas concretas a la población. De ser así, ¿qué sentido tienen las PASO? ¿En base a qué criterio se debería votar en ellas?

Al respecto, el 5 de junio pasado, la Academia Nacional de Educación hizo pública una Declaración titulada “La Educación es una Prioridad.” La misma señala que: “En el contexto de la actual crisis educativa, la Academia Nacional de Educación exhorta a los partidos políticos y a los candidatos en las próximas elecciones a incluir en sus plataformas la prioridad de la educación detallando las políticas públicas que se comprometen a aplicar si resultan electos”.

Para ello considera ineludibles once prioridades:

1. Fortalecer la educación inicial (4 y 5 años) y el primer ciclo de la educación primaria (1ro. a 3er. grado), principalmente con políticas de promoción de la lectura y escritura en la escuela y en la familia.

2. Propender a la jornada escolar extendida o la doble escolaridad en todas las escuelas primarias del país según lo indica el art. 28 de la Ley 26.206.

3. Vincular el nivel secundario con el mundo laboral y desarrollar un sistema de educación dual de intensa formación práctica para una rápida inserción laboral de los jóvenes que así lo deseen.

4. Orientar a los alumnos que egresan de la educación secundaria para proseguir su formación facultando a las universidades a establecer las condiciones de ingreso, respetando la autonomía, en beneficio de la diversidad del sistema y promoviendo las acciones remediales indispensables para facilitar la integración y los aprendizajes, para lo cual debe modificarse el art.7 de la ley 24.521

5. Actualizar la normativa para reconocer las oportunidades de inclusión, el incremento de la diversidad de la oferta y el potencial de mejora de la calidad que puede brindar la innovación en la combinación de modalidades presenciales y virtuales de manera adaptada a los distintos niveles educativos.

6. Impulsar la actualización de los estatutos jurisdiccionales del docente considerando su nuevo rol en la educación del siglo XXI y las transformaciones generacionales, sociales y tecnológicas.

7. Declarar la educación en todos los niveles y modalidades como servicio esencial por su trascendencia sobre el futuro de los alumnos, para asegurar el derecho a una educación integral y de calidad y el cumplimiento del ciclo lectivo completo.

8. Fortalecer y actualizar la formación docente con especial atención a la educación en valores y a la educación emocional, facilitar la utilización de las tecnologías digitales e instalar un sistema de evaluación periódica del desempeño.

9. Dar a conocer a las familias y a los alumnos los resultados obtenidos en las pruebas nacionales que revelan el nivel de los aprendizajes, para lo cual debería derogarse el art. 97 de la ley 26.206.

10. Garantizar la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas a través de la diversidad en las ofertas formativas y de una educación sin adoctrinamientos.

11. Dar cumplimiento a lo establecido en materia de financiamiento del sistema educativo en todos los niveles de acuerdo con el art. 9 de la ley 26.206, asegurando una administración eficiente de los recursos.

Faltan pocos meses para la elección presidencial y pocas semanas para las PASO, ¿hemos escuchado a cada uno de los candidatos expresarse sobre políticas públicas, como las que he listado en esta nota, o en realidad hemos escuchado generalidades a favor de una mejor educación, una mayor cantidad de días de clase y otras tantas generalidades, las cuales a nadie pueden incomodar?

Merecemos escuchar políticas concretas y debates sobre las mismas. ¿Por qué no preguntarle a cada candidato su posición frente a cada una de las aquí listadas? ¿Por qué no exigirles que justifiquen sus respuestas con argumentos racionales en lugar de discursos emocionales?

De lo contrario, ¿cómo es posible que los ciudadanos votemos conscientemente propuestas concretas y no a favor o en contra de modelos, los cuales pueden significar poco menos que cualquier cosa?