Se trata de una parte de un desembolso total de 11 mil millones de pesos destinados a financiar los gastos extra que debieron asumir por la pandemia

En el día de ayer el Gobierno dio paso al cumplimiento de la Decisión Administrativa 894/2021 publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre que establecía un reajuste en las partidas presupuestarias. Según las planillas anexas de esa resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano de control de obras sociales y prepagas, recibió una “contribución de la Administración Central para financiar gastos corrientes”.

Según consigna el medio Ámbito, la medida consiste en comenzar a cumplir con una promesa que el presidente, Alberto Fernández, le había hecho a la CGT para solventar los gastos extra que tuvieron que asumir las obras sociales por la pandemia. En este sentido, las prestadoras de salud sindicales esperan recibir en lo que resta del año más de 11 mil millones de pesos luego de haberle presentado su estructura de costos.

Parte de esa “deuda” que contrajo el presidente, la saldó en el día de ayer cuando destinó 7.390 millones de pesos para que sean distribuidas entre las obras sociales. De esta forma, en Casa Rosada quedará pendiente transferir cerca de $4.000 millones.

Los fondos enviados, según consigna el mismo medio, surgen de un recorte de presupuesto realizado a los ministros de Educación y Transporte ya que se considera que ese dinero esta destinado a cubrir las prestaciones por esos rubros dadas por las entidades de salud de los gremios: traslados, movilidad y servicios educativos para discapacitados.

El Gobierno manejó esta reasignación con mucho secretismo y así lo evidencia esta Decisión Administrativa ya que el desembolso aparece al fondo de las planillas de la misma. En concreto, en la página 206 de las 208 que tiene el Anexo I de la norma que postula que “resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar parcialmente los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Fuente: Ámbito Financiero