jueves, marzo 28

Entre 2006 y 2020, la Argentina acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI

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El dato surge del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. En 15 años, el país acumuló un déficit de $3,4 billones con el área. Casi el 70% de esa desinversión ocurrió en 2010 y en el trienio 2018-2020.

En 15 años, la Argentina acumuló una deuda $3,4 billones con la educación, cifra equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2020, es decir, aproximadamente la inversión en el área correspondiente a todo un año. El dato surge del informe Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación, del Observatorio de Argentinos por la Educación.

De acuerdo con el estudio, el 68,4% de la desinversión que se dio en el área de educación entre 2006 y 2020 ocurrió en 2010 y en el trienio 2018-2020, y solo en tres oportunidades se cumplió con el objetivo del 6% de gasto como porcentaje del PBI establecido por ley: 2009, 2013 y 2015.

Si la cifra del déficit educativo se calcula a un dólar de $132,15, correspondiente al promedio de 2022, la deuda equivale a US$26.009 millones. Según el informe, si el Estado argentino hubiera querido pagar la deuda educativa de una sola vez en ese año, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año.

“Durante el transcurso del período analizado, la Argentina (y la casi totalidad de las jurisdicciones provinciales) mantuvieron diferentes situaciones respecto del déficit fiscal. Esto significa que la Deuda Educativa Argentina no es producto de una férrea disciplina fiscal a favor de la cual se sacrifica el gasto en educación, sino la decisión de no canalizar recursos para cumplir con la meta establecida del 6% del PBI para educación”, dijo Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), uno de los autores del informe.

Una deuda con la educación que sigue creciendo

El estudio realizado por Narodowski, Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación) buscó cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la meta entre 2006 y 2020 (último dato disponible).

De ese análisis surge que solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado en el 6% del PBI, y 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria, al alcanzar el 6,1%.

“El trabajo plantea la responsabilidad concurrente de gobiernos de diferente signo político y niveles de gobierno (porque el 6% de gasto educativo suma al gobierno nacional con los jurisdiccionales) y, en forma subyacente, se plantea la necesidad de pensar mecanismos alternativos que aseguren un adecuado financiamiento del sector”, dijo Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA citado en el informe.

Según su análisis, “el problema planteado cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, incluso en los años en que se cumplió el porcentaje normativamente estipulado, el sistema educativo planteó inconvenientes de cobertura, eficiencia y calidad y que la masificación educativa exigirá, presumiblemente, mecanismos para la obtención de mayores recursos y para su mejor uso”.

Durante la pandemia, la inversión en educación fue deficitaria. (Foto: AP)
Durante la pandemia, la inversión en educación fue deficitaria. (Foto: AP)

Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron 2019 ($841.000 millones de 2022), 2018 ($751.000 millones) y 2020 (570.000 millones). El 2010, sumado a este trienio, constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.

Escaso impacto del acuerdo para priorizar el financiamiento educativo

El informe de Argentinos por la Educación pone el foco en que, aunque se fijó un porcentaje mayor del PBI destinado a la educación, en los hechos concretos no tuvo el efecto esperado, dado que en cuatro de los 15 años no se cumplió.

El acuerdo por priorizar el financiamiento educativo alcanzado en 2005 tuvo un impacto menor al esperado en los tres lustros transcurridos desde esa fecha. La organización de ese financiamiento entre el gobierno nacional, las administraciones provinciales y las instituciones educativas requiere la consolidación de acuerdos en los que se definan los aportes a realizar por cada parte y los compromisos asumidos para la generación de mejoras”, dijo Javier Curcio, licenciado en Economía e investigador de IIEP BAIRES y UBA-CONICET.

No obstante, consideró que “los convenios orientados a resultados establecidos por la Ley de Financiamiento Educativo son un buen instrumento para favorecer la mejora en la calidad y en la inclusión”. “Es importante afianzar la inversión en la educación de manera adecuada y persistente como condición necesaria para apalancar el desarrollo sostenible”, advirtió.