domingo, julio 21

Escándalo de los seguros: detectan más irregularidades en la empresa vinculada al amigo de Fernández

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La Justicia halló inconsistencias en Bachillier SA, la firma de Héctor Martínez Sosa, el esposo de la secretaria personal del expresidente.

El escándalo de seguros que involucra a Alberto Fernández y a actuales funcionarios de Nación Seguros se complica aún más con nuevas irregularidades vinculadas a la empresa de Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria del expresidente y beneficiario de sumas significativas de dinero en su rol de broker. 

Bachellier SA, una de las más de 25 aseguradoras intermediarias ante Nación Seguros, presentaba algunas irregularidades en su domicilio fiscal y lugar de funcionamiento. Tras detectarlo, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo trazaron una red de contactos y así dieron con la relación de esa firma con Héctor Martinez Sosa y CIA SA, la empresa del esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández.

En la documentación que el juzgado tiene bajo análisis, Martínez Sosa tenía contratos con varios organismos estatales a través de Bachellier. Entre ellos, se encuentran negocios con el área de Turismo, Gendarmería Nacional, también el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad.

En la investigación, las autoridades de esta firma que se encuentran en la mira de la Justicia son Osvaldo Tortora y su vicepresidente, Ricardo González. Como directora suplente figura Mónica Elizarriaga. 

“El primero y la última de los nombrados comparten domicilio particular, que también es el mismo registrado para Bachellier SA, inmueble que a simple vista no se condeciría con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, sostuvo el juez Ercolini en una de sus resoluciones. De esta manera, una vez que la justicia federal determinó el vínculo entre todas esas personas, se dio con otro dato que amplió esta red de nombres y sociedades.

La red se extiende a Alpes Reaseguros SA, con accionistas vinculados a otras firmas y sociedades con roles importantes en el sector de seguros y reaseguros. En la misma confluyen Diego Rosendi, Lucas Rosendi y Hernán Bressi. El primero de ellos, ocupó el cargo de presidente de la firma MP Hogar SA y fue titular de parte del paquete accionario de IPLYC Confort Créditos y Servicios Sociedad del Estado. A su vez, esta sociedad aparece vinculada a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA.

IPLYC está relacionada a San Ignacio a través del alquiler de un inmueble ubicado en la provincia de Misiones. Asimismo, cabe recordar que San Ignacio Sociedad de Productores es la compañía relacionada con Mauro Tanos, el exgerente general de Nación Seguros, a quien el presidente le pidió la renuncia tras los allanamientos del viernes pasado.

Así, implicado en la maraña de empresas y nombres que intermediaron en los contratos que diversos organismos del Estado firmaban con Nación Seguros percibiendo onerosas comisiones, Tanos no perduró en el cargo.

María Cantero, secretaria del Presidente y esposa de Héctor Martínez Sosa

Además, otro de los datos que complican a Martínez Sosa, el amigo broker de Alberto Fernández, es que las sociedades a las que aparece vinculado compartían el mismo domicilio. A su vez, a través de un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, se pudo determinar que una gran cantidad de las personas investigadas en la causa, “se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales”.

Los imputados en la causa

Hasta el momento, están imputados en la causa Pablo Torres García (ANSES), Héctor Martínez Sosa, quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”. También la esposa de Martínez Sosa e histórica secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

El expediente judicial se centra en una presunta estructura defraudatoria que habría causado un perjuicio multimillonario al Estado, la cual se habría orquestado bajo el amparo de un decreto que obligaba al sector público estatal a contratar exclusivamente con Nación Seguros.

La trama de la contrataciones bajo sospecha, reveladas en febrero a través de una publicación de Clarín, expone que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES, que resultó beneficiado con una comisión del 17%, el triple de lo que paga el mercado.

Las comisiones obtenidas de estas operaciones se estiman en 20.000 millones de pesos anuales, una cifra que, según los investigadores, podría ser solo la punta del iceberg, dado que la práctica presuntamente “se replicó en otros organismos y ministerios del Estado”. No se descarta, más adelante, requerir una pericia técnica que permita ponerle un número global a la presunta estructura defraudatoria.