Ayer se realizó la audiencia de imputación de un hombre que se desempeñaba laboralmente en el lugar y que fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Mientras en la Caja de Abogados y Procuradores se vive un escándalo tras descubrir que un empleado habría desviado cheques por montos millonarios, se conoció cómo se descubrió la maniobra.

Según detalló el medio colega Informate Salta, todo surgió tras la queja de un abogado, a quien le habían reclamado en un expediente que no había realizado el pago de la tasa en la Caja, por lo que acudió a esa entidad y pidió que se revise el pago que había realizado.

Habría sido así como se descubrió que el pago realizado, en realidad, había sido recibido, pero luego fue anulado. Al ser enfrentado sobre esta irregularidad, L. devolvió los 800 mil pesos, pero ya fue demasiado tarde, pues la jefa contable de la entidad, Tatiana Borghi, comenzó a revisar otras anulaciones, dándose cuenta de que había otro caso similar, pero por una suma de 600 mil.

Este dinero, según lo expuesto, corresponde al pago de distintos aportes, por ejemplo, al 3 % de la regulación de honorarios en un juicio sucesorio, pago exigido por el juzgado antes de liberar las hijuelas para la escrituración final de la propiedad.

Para ello, la Caja emite un recibo que es presentado en el juzgado, sin que haya ningún mecanismo de verificación o entrecruzamiento con la entidad, siendo este el vacío que permitió al cajero anular el pago y quedarse con el dinero, o bien, desviarlo a placer.

Sobre las anulaciones, desde la misma caja se informaron que habría una cantidad de mil, pero que ese número saldría de una auditoría más extensa, hasta el 2011, no obstante, esta mañana trascendió que la cantidad de pagos anulados sería de 1.670.

Incluso, fuentes judiciales allegadas al caso revelaron que, desde la Caja, por lo bajo habrían revelado que el fraude supera los 40 millones de pesos, mientras que otras fuentes investigativas adelantaron de manera extraoficial que la suma sería mucho mayor, aún por encima de los 100 millones.

De esta manera, hubo un pedido para que la calificación penal sea por un delito de orden público, pues la Caja se trata de una entidad creada por Ley, funciona, tal como se dijo, como una ANSES, por lo tanto, se espera que la acusación lo sea con esa condición, lo que daría paso a investigar al resto de la administración por incumplimiento de deberes de funcionario público. /Informate Salta