Tras el escándalo revelado en exclusiva por NEXOFIN, una auditoría interna realizada a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación por el secretario general de Administración del Máximo Tribunal reveló “destrucciones masivas de medicamentos”, “sistemas informáticos vulnerables” y licitaciones poco transparentes

La Corte Suprema de la Nación decidió avanzar con una profunda auditoría interna en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que presta servicios a 99.700 afiliados en todo el país, luego que se revelaran múltiples irregularidades y desmanejos financieros durante la gestión de Aldo Tonón, el removido titular de la obra social.

La gestión de Tonón -hombre muy cercano al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda- está siendo investigada no sólo por la Justicia Federal sino también por el Máximo Tribunal, a través del secretario general de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, quien el pasado 4 de octubre elevó al Maximo Tribunal una explosiva auditoría que revela numerosas irregularidades en la gestión de una caja de $ 1.232 millones de pesos mensuales.

Ya desde el comienzo del informe, el nombre de Tonón queda salpicado por la auditoría. “Existe un alto riesgo de de concentración de las decisiones de gestión y debilidad en la cadena de responsabilidades”, advierte el documento, tras recomendar completar los dos puestos vacantes en el Directorio de la Obra Social, organo que hasta hoy estaba sólo en manos de Tonón como único director.

En la auditoría preliminar que realizó Marchi -y a la que tuvo acceso NEXOFIN– se detectaron numerosas irregularidades: desde la inexistencia de un presupuesto que guíe el día a día de la obra social, hasta la falta de información sobre movimientos financieros y gastos regulares que permitan auditar las cuentas de la OSPJN. En esta línea, advierte que “existe un alto riesgo en la confiabilidad e integridad de la información y por ende en la toma de decisiones inherentes a la gestión”.

Además, en su primera parte de la auditoría a la OSPJN, Marchi denuncia un escaso número de oferentes en las licitaciones millonarias de la obra social y exige poner un límite a las “importantes compras directas de medicamentos, insumos y prótesis”.

Por otro lado, el informe pone la lupa sobre la compra de medicamentos, prótesis e insumos, y expone “la existencia sostenida en el tiempo de diferencias en el inventario” y advierte sobre “un nivel de destrucción de medicamentos que conlleva pérdidas para la institución”. Esto último se explica por supuestas compras excesivas de medicamentos que, una vez vencidos, deben destruirse.

Si bien la auditoría reconoce que le falta información para poder medir las pérdidas dinerarias provocadas por las “diferencias de inventario” en los medicamentos, sí menciona cifras que dan cuentas de que los daños económicos son millonarias: “En forma provisoria se estima una diferencia de inventario que al cierre del 2020 acumula un desvío de 26.260 unidades físicas entre medicamentos e insumos faltantes”. Y agregan: “Si tomamos el stock del 2020, la pérdida acumulada equivaldría al 21,2$ del stock de medicamentos”.

Otro de los puntos que cuestiona el informe es la gran cantidad de contrataciones de personal que realizó Tonón en el último tiempo: “En lo referente a la planta total de personal, ésta se incrementó en poco más de 2 años en un 50% con locaciones de servicio”. En este sentido, el informe presentado por el secretario general de Administración del Máximo Tribunal explica que desde la reciente intervención “se suspendió toda nueva contratación bajo la modalidad de locación de servicios y se indicó que cualquier nueva contratación debe ser considerada por el Alto Tribunal”.

Por otro lado, la información personal de los afiliados y prestadores también está en riesgo, según denuncia la auditoría. “Los subsistemas informáticos utilizados no están integrados, son precarios y vulnerables; lo que provoca un alto riesgo sobre la información existente y no constituye una herramiena eficaz para la gestión de la OSPJN”, explica el denominado “Informe 1° de Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial”.

Tal como el nombre dle documento indica, se trata del primer informe de supervisión, ya que hasta el momento hubo faltantes de información financiera y contable, según informó a la Corte el propio Dnaiel Marchi.