Fernández le negó a laCGT la Superintendencia deSalud, pero les dará$11.000 millones a las obras sociales
Tras almorzar esta semana con la CGT, Alberto Fernández desestimó al candidato que le propusieron, David Aucharán (el actual gerente general del organismo) y en cambio nombró a Daniel Alejandro López, amigo y ex socio de Ginés González García, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El sucesor del fallecido Eugenio Zanarini es un médico sanjuanino de 59 años que se desempeña como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Se recibió de médico cirujano en la Universidad de Córdoba, hizo estudios de posgrado en Cataluña, España, y de regreso al país fue coordinador quirúrgico de la obra social OSECAC. Luego ejerció como su administrador en su provincia natal. En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue gerente de Prestaciones Médicas del PAMI por el entonces ministro de Salud, González García.
En 2003 trabajó como asesor de la gerencia general de OSECAC hasta que, en febrero de 2020, fue convocado por el ex ministro que renunció por el escándalo de las vacunas para el cargo que ocupa actualmente y donde se convirtió en el responsable del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales.
López también fue, hasta 2008, uno de los seis socios de la bodega Tierra Mayor, ubicada en San Juan, propiedad del desplazado titular de la cartera de Salud.
Pero la CGT no se fue con las manos vacías: el Presidente se comprometió a darles a las obras sociales unos 11.000 millones de pesos para compensar los gastos en educación y transporte del rubro discapacidad, que representa el mayor porcentaje de los gastos del sistema (casi un 37%) y en 2020 alcanzó los $28.700 millones.
Según los números cegetistas, el gasto en este sector estaba dirigido en 2017 a 54.086 personas y hoy llega a 91.906, con un gasto real que pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020 (un crecimiento de más del 400%). El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el Fondo Solidario de Distribución es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1.200 millones de pesos por mes).
Además, Alberto Fernández accedió a modificar el sistema de libre elección de la obra social: con el cambio pedido por la central obrera, en el futuro cada afiliado deberá permanecer un año en la obra social de su actividad antes de disponer el traspaso de los aportes a otra entidad de salud.