Lino Mirabelli aceptó la donación ofrecida por la pareja presidencial; el acuerdo había sido alcanzado con el fiscal Fernando Domínguez

Lino Mirabelli, el juez federal de San Isidro homologó hoy el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Dominguez y Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos. De esta forma, el presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yañez, deberán pagar la suma de 3 millones de pesos (1.6 y 1.4 millones respectivamente) y, una vez confirmado el pago, quedarán sobreseídos de la causa.

“No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega: “No existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”.

Pese a que el propio presidente había firmado el decreto que establecía las consecuencias civiles y penales por violar la cuarentena y no respetar las normas de distanciamiento ni medias sanitarias, Alberto Fernández optó por realizar una erogación de dinero que será destinada al Instituto Malbrán.

Durante el proceso judicial, los abogados del mandatario realizaron varias justificaciones insólitas para restarle importancia a la participación del presidente en el cumpleaños de la primera dama celebrado en la Quinta de Olivos, pese a que en aquel momento regía la fase más estricta de la cuarentena que limitaba la circulación y prohibía cualquier tipo de encuentro social.

Al respecto, hace dos semanas la defensa de Fernández había pedido que se ponga fin al proceso penal que pesaba sobre él al justificar que no violó ninguna normativa, pues “la autoridad superior del gobierno nacional estuvo exceptuada de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el ejercicio de sus actividades y servicios. Entonces, sólo por ello, jamás podría ser imputado penalmente el Presidente por ningún acto funcional cumplido en inobservancia de aquellas normas sanitarias”.

Resuelta la situación judicial Fernández y Yañez, todavía está pendiente la definición sobre el resto de los imputados. Algunos de ellos ya han ofrecido realizar pagos en torno a los 300 mil pesos y esperan la respuesta del tribunal. Por otro lado, Stefanía Dominguez, cuyo abogado es Mauricio D´alessandro , seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente.