Fiesta enOlivos: una de las acusadas pagará $200mil a un hospital para quedar sobreseída

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Una de las imputadas que asistió al cumpleaños de Fabiola Yañez podría quedar fuera de la causa si lleva a cabo una “reparación integral”, según acordó con el fiscal.

Nuevos avances en la causa del Olivos-Gate. Según trascendió, una de las imputadas por asistir a la fiesta clandestina de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta podría quedar sobreseída si paga $200 mil a un hospital como modo de llevar a cabo una “reparación integral”.

Se trata de Carolina Marafioti, vestuarista de la primera dama, quien es representada por Alejandro Rua, el abogado que defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y defiende a Amado Boudou.

El letrado buscará la extinción de la acción penal en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes”.

En su ofrecimiento al fiscal Fernando Dominguez, Rúa destacó que su defendida no tiene bienes a su nombre y que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio de Belgrano. Además, destacó que es monotributista para realizar sus tareas como estilista.

A la hora de aceptar la reparación, el fiscal también tuvo en cuenta que Marafioti tiene hijos a su cargo. “Difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

En su escrito, el fiscal explica que en San Isidro las violaciones a la cuarentena se han resuelto de la misma manera, con una “reparación integral del perjuicio” y la “suspensión del juicio a prueba”, institutos contemplados en los artículos 59 y 76 del Código Penal.

Ambas “soluciones alternativas” -dice Domínguez- “dan respuesta desde el derecho penal sin recurrir a la prisionización del imputado”, aclara el representante del ministerio público fiscal. “Vale aclarar que el criterio de algunas otras jurisdicciones difirió del que aquí se adoptó”, admite en otro tramo de la resolución.