Se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general, Patricia Argañaraz, su extesorera Marita Cerezo, y otros,  por administración fraudulenta y estafas en 29 hechos.

El juicio por el polémico fideicomiso Virgen de Urkupiña, que dejó a más de 120 familias sin el sueño de la casa propia, comienza este lunes la vía penal en la Sala VI del Tribunal de Juicio con el debate oral y público, a cargo del juez José Luis Riera. Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

En diálogo con Aries, el Dr. Eduardo Romani, abogado representante de 73 de estas familias, expresó las expectativas que existen en torno a este proceso judicial, el cual se lleva a cabo en doble vía: penal y civil. “Comenzó hace un tiempo y se está tramitando por doble vía (…) la vía penal es la que estaría iniciando ahora en lo que respecta a la audiencia oral de debate,” explicó.

Los imputados son Patricia del Valle Argañaraz (exsecretaria general de la ADP) y Ana María Cerezo (extesorera) como coautoras de los delitos de  administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos), en concurso real; Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas.

Romani enfatizó la presunta responsabilidad de los directivos del fideicomiso y de la Asociación Docente Provincial, entidad que también está bajo la lupa por el rol de algunos de sus dirigentes en la administración del proyecto. «Acá hubo un plan de vivienda; el plan de vivienda nunca se construyó. Son más de 120 damnificados (…) y hoy tenemos claramente una mala administración de lo que fue el fideicomiso,” señaló el abogado, añadiendo que la tesorera de la Asociación sigue imputada en el proceso.

El abogado también advirtió sobre la necesidad de que se haga justicia no solo en el ámbito penal sino también en el civil, de modo que las familias recuperen su inversión. “Acá lo que quiere la gente (…) es que se haga justicia pero poder recuperar su capital, el sueño de la casa propia,” declaró, subrayando que una condena sin reparación económica sería insuficiente para los damnificados.

Asimismo, Romani solicitó a la Asociación Docente Provincial asumir su cuota de responsabilidad en el caso, ya que muchos de sus directivos, hoy imputados, participaron activamente en la gestión del fideicomiso. “Apelamos (…) a la buena voluntad de la Asociación Docente Provincial que (…) son responsables por las actuaciones de sus dirigentes,» concluyó.

Las audiencias están previstas que se extiendan hasta el 27 de noviembre.