Formosa: Amnistía Internacional pidió condenar las violaciones a los derechos humanos

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Fue a través de una carta enviada al secretario del área, Horacio Pietragalla. El organismo asegura que recibió numerosas denuncias sobre graves condiciones de los lugares en los que están alojadas las personas con síntomas de coronavirus

Amnistía Internacional solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Formosa y que agote todos los medios a su alcance para revertir la grave situación a partir de las medidas desproporcionadas para combatir la pandemia provocada por el COVID-19 en la provincia.

A través de una carta dirigida al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, la organización reiteró su preocupación por la gravedad de las denuncias de las personas afectadas, luego de la visita de la misión nacional, en la que se recorrieron centros de aislamiento. En ese sentido, enfatizaron que los hechos denunciados demuestran “una grave afectación” del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno.

“El Gobierno nacional no debe convalidar una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario, y a otras violaciones a sus derechos. El mandato de la Secretaría de Derechos Humanos consiste en la promoción y protección de los derechos humanos; por eso, debe ser absolutamente respetuosa de las denuncias recibidas de los propios afectados y actuar en consecuencia, sin excusas”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Según detalla Amnistía Internacional, “entre las denuncias, surgen testimonios de personas que sufrieron y sufren el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que, por sus condiciones, las expusieron al contagio. Además, los plazos del aislamiento no fueron debidamente determinados, durando incluso más de 30 días, y las personas registraron una falta de acceso a los resultados de sus testeos de COVID-19 e información precisa sobre su situación de salud”.