A mediados de marzo, se llevó a cabo una audiencia pública donde se analizaron los parámetros de los incrementos que se registrarán en las tarifas. Mientras los pedidos de aumentos de las empresas distribuidoras se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes, fuentes oficiales anticiparon que las subas no superarán las dos cifras y que se ubicarían en torno a lo que ya se autorizó para las distribuidoras que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y que llegó al 7%.
Según consignó iProfesional en un adelanto exclusivo, Edenor, Edesur y Metrogas -las empresas proveedoras del servicios de luz y gas en el territorio del AMBA- resignarán sus reclamos ante el pedido del Gobierno de adecuar los cuadros al contexto económico que atraviesa la población argentina.
De acuerdo con los parámetros macroeconómicos oficiales, Edenor proyecta un déficit de fondos de $ 20.142 millones y Edesur, un faltante en su caja de $ 34.260 millones, que se deberán cubrir con tarifas o subsidios.
Al mismo tiempo, las compañías reclaman $ 38.477 millones y $ 22.160 millones, respectivamente, por el congelamiento tarifario que ya lleva dos años.
Los entes oficiales que marcan el camino regulatorio de ambos sectores como son el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y el Ente Nacional de la Electricidad (ENRE), advirtieron sobre la necesidad de establecer tarifas “justas y lógicas” para que puedan pagar los usuarios y para que las empresas tengan la posibilidad de recuperar sus índices de rentabilidad y mantener sus planes de inversiones.
Según consigna el mismo medio, el nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse a partir de mayo próximo y los aumentos serán los únicos del año.