El Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio quería presentar un «amicus curiae» para apoyar la denuncia de las Carmelitas contra el arzobispo.

El convento de las Carmelitas Descalzas, en la calle Caseros. Archivo

Una contundente diferencia surgió al interior del Colegio de Abogados a partir de la denuncia por violencia de género que presentaron las Carmelitas Descalzas contra el arzobispo de Salta Mario Cargnello. Desde el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, que forma parte de la organización que nuclea a los profesionales del derecho, quisieron presentar un «amicus curiae» para apoyar la acusación de las religiosas contra la máxima autoridad de la Iglesia, pero no encontraron el aval de las autoridades. En paralelo, se conoció que los abogados de las religiosas hicieron una nueva presentación para pedir una reparación por la situación que sufrieron y que el arzobispo quede en un registro prontuarial.

El Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, que integran abogadas y abogados especializados en el tema, buscaba impulsar la causa de las Carmelitas Descalzas contra Cargnello por medio de un «amicus curiae», figura que sirve para que una organización o un ciudadano presenten opiniones y datos que puedan aportar a la resolución de un caso.

Pero la iniciativa no obtuvo el apoyo de las autoridades del Colegio de Abogados. El 23 de junio de 2022 el consejo directivo de la organización publicó la resolución Nº 012/2022, según la cual «la intervención de la Institución (el Colegio) bajo la figura de amicus curiae se limita exclusivamente a los casos de femicidio o aquellos en que intervengan como parte denunciante un abogado o abogada.»

Gloria María Guillermina Cruz, coordinadora del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, presentó un recurso de reconsideración contra la resolución Nº 012/2022 que aún no tiene resolución.

A mediados de abril, el arzobispo fue denunciado por religiosas del Convento San Bernardo. La acusación de las monjas de clausura era por violencia psicológica, económica y física. La jueza a cargo de la causa, Carolina Cáceres Moreno, había ordenado que hubiera una consigna policial fija afuera del monasterio ubicado en la calle Caseros.

El 27 de agosto, las denunciantes y el Arzobispado llegaron a un acuerdo con la intermediación de un abogado del Vaticano: Javier Belda Iniesta. En el documento que firmaron, las partes asumieron compromisos para continuar en adelante con el vínculo. Se especificó que «cada hermana puede practicar las devociones particulares que desee teniendo siempre presente la obligación de preservar la comunión con la Iglesia». Esta cláusula, sin explicitarlo, zanja uno de los conflictos entre el Arzobispado -que desaprueba a la Virgen del Cerro- y las Carmelitas, que desde el inicio estuvieron vinculadas con el movimiento de fe de la denominada «Inmaculada Madre del Corazón Eucarístico de Jesús» y con María Livia Galliano, la salteña que dice haber recibido mensajes de esa virgen.

Incluso algunas versiones dieron cuenta de que la denuncia de violencia contra Cargnello surgió luego de que el arzobispo se disgustara porque había una imagen de la Virgen del Cerro en el convento, lo que habría derivado en una fuerte discusión con violencia física.

En el acuerdo, el Arzobispado también se comprometió a garantizar las condiciones para que las monjas hicieran la elección de las autoridades del convento, lo que les facilita la administración de sus bienes y organización de la institución.

Luego de eso, se consideraba que el conflicto empezaba a quedar superado, pero se conoció que en los últimos días los abogados de las religiosas requirieron que Cargnello sea incluido en un registro prontuarial y que las religiosas tengan un resarcimiento. En esa presentación, según se conoció, destacaban que el arzobispo «pudo durante años realizar actos de violencia psicológica, porque sabía que las hermanas carmelitas callaban» .

Las autoridades del Colegio consideraron que la causa devino abstracta tras el acuerdo de agosto, pero desde el Instituto con Perspectiva de Género señalan que la denuncia por violencia corre en paralelo a cualquier convenio de convivencia entre las partes y que, por eso, está vigente.