El titular del ente recaudatorio Carlos Castagneto, declaró ante el fiscal Marijuan y corroboro los datos presentados en el informe sobre 250.000 “inconsistencias” en los planes sociales.

Tras ser llamado a declaración indagatoria por el fiscal Guillermo Marijuan, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, ratificó las irregularidades encontradas en unos 250 mil beneficiarios de planes sociales.

De este modo el organismo recaudador, confirma que durante una evaluación solicitada por el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se detectaron beneficiarios de planes Potenciar Trabajo, con una situación económica contraria a la contemplada para el otorgamiento del subsidio estatal. Ya que habían comprado dólares o autos cero kilómetro, en los últimos seis meses.

Según fuentes judiciales, el ex Diputado, “ratificó  que los pedidos informes respondidos al Ministerio de Desarrollo Social, son informes de contenido estadístico y aspectos técnicos”.

El plan Potenciar Trabajo, a cargo del ministerio de Desarrollo Social, es el mayor programa de asistencia social que actualmente tiene el Estado, cuenta con unos 1.300.000 de titulares, que percibe el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir unos 28 mil pesos.

En medio de la disputa entre las organizaciones sociales que componen el Frente de Todos, y que administran en gran medida estos subsidios, se lanzó una investigación interna para saber cómo se destinaba el dinero, de allí que la AFIP, encargada de corroborar la información de los titulares descubriera “varias inconsistencias”.

Entre ellas el cobro del beneficio por titulares que ya habían fallecido, la compra de dólares para horror, o la posesión de bienes como casa, autos o motos, en los últimos seis meses.

Ante esto, Marijuan le pidió al Ministerio de Desarrollo Social que le informe “la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.

El funcionario y líder del Movimiento Evita, una de las agrupaciones que cuenta con más titulares de planes sociales, también fue cuestionado por el desvío de fondos públicos hacia cooperativas de trabajo las cuales administra.

Por su parte, la fiscalía investiga las razones por las cuales el ministerio de Desarrollo Social, a cargo ahora de Victoria Tolosa Paz, no dio de baja a la totalidad de las personas que aparecen impugnadas en el estudio de la AFIP y solo anunció que sacaría de los listados a 2243 personas y no a los 253.184 beneficiarios cuyos planes fueron objetados.