Los haberes se reajustarán el mes próximo 20,87% y habrá un plus solo para un grupo de personas, mientras que aún no está definido qué ocurrirá con los refuerzos a partir de enero; los ingresos sufren un fuerte deterioro de su poder de compra y se agravan las distorsiones en el sistema

Si habrá o no bonos para jubilados en los próximos meses y, en todo caso, de qué montos, es quizá la cuestión más urgente a resolver en materia previsional por la gestión de gobierno de Javier Milei, que se iniciará el 10 de diciembre. La más urgente, pero no la única.

El sistema tiene hoy fuertes desequilibrios y los haberes mensuales están significativamente dañados por la inflación. Entre declaraciones sobre el tema, el presidente electo dijo que “es mentira” que se le pueda dar una solución en el corto plazo a la cuestión jubilatoria, y enfatizó la necesidad de adecuar la relación entre aportantes y beneficiarios. Ese vínculo se fue deteriorando por causas como la persistencia de una alta informalidad; el protagonismo de las prestaciones con moratorias –que llevan casi dos décadas de vigencia–, y el hecho de que las ocupaciones registradas que crecen en número sean las que tienen contribuciones bajas en relación con los compromisos que asume el Estado, como las enmarcadas en el monotributo.

En diciembre, las prestaciones a cargo de la Anses tendrán un reajuste de 20,87%, que determinará el monto de los haberes también de enero y febrero. El ingreso mínimo en los próximos tres meses será de $105.713 y el máximo, de $711.346. Esas cifras son en bruto, mientras que en términos netos son de $102.542 y $671.837.

Solo para quienes tienen el ingreso mínimo (o una prestación de valor inferior, como muchas de las pensiones no contributivas) se anunció un refuerzo de $55.000 a cobrar en el último mes de 2023, en el cual se percibirá, además, el aguinaldo.

Para los primeros meses de 2024 la situación es incierta con respecto a si habrá o no un adicional. Hasta ahora, el pago de bonos siempre se estableció con vigencia trimestral, pero esta vez eso no ocurriría: días atrás, en plena campaña electoral, el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que había previsto bonos para enero y febrero, pero que para anunciarlos iba a esperar a ver “si los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar”.

Ese condicionamiento, con el cual convirtió el bolsillo de los jubilados en un juego electoral, dejó la cuestión en un escenario de incertidumbre. Si no se disponen refuerzos, en los primeros meses de 2024 muchos jubilados recibirán importes muy inferiores a los que están percibiendo este mes.

Desde La Libertad Avanza no comunicaron hasta ahora qué harán en relación con esa cuestión. Si no se disponen refuerzos, muchos jubilados recibirán importes muy inferiores a los que perciben este mes y más bajos aún en comparación con los de diciembre. El próximo mes, quienes tienen el haber mínimo recibirán, en mano, $157.542, si se cuentan el haber propiamente dicho y el bono de $55.000 (sin contar el aguinaldo y sin considerar los $15.000 de la ayuda alimentaria para algunos afiliados al PAMI, ni el plus por la garantía del 82% del salario mínimo para quienes no se jubilaron con moratoria, un grupo minoritario entre quienes tienen el haber mínimo). En caso de no existir refuerzos, en enero y en febrero el ingreso neto sería de $102.542.

Tras los anuncios del Gobierno (hechos el 10 de noviembre), en los últimos días se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones 216 y 220 de la Anses, que oficializan la movilidad de 20,87% y los montos de las prestaciones. Todavía, en cambio, no fue oficializado el bono de diciembre.

El 20,87% no es el resultado de la fórmula de movilidad para el mes próximo: en rigor, la cuenta dio más, pero el Gobierno aplicó un tope, que los funcionarios previeron al redactar el texto de la ley que rige desde 2021. La movilidad de este año será de 110,9%, un índice muy inferior a la inflación estimada, de lo cual se deriva una fuerte pérdida de poder de compra (según el Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central, los economistas proyectan un aumento de precios cercano a 200% entre enero y diciembre). El recorte de los haberes en términos reales trepó, solo entre enero y octubre, a niveles de hasta 26%, dependiendo el porcentaje de la situación del jubilado frente a los bonos.

Un sistema distorsionado

El contexto de altísima inflación y el desequilibrio fiscal le imprimen gravedad al desafío respecto de qué hacer con la política de refuerzos, que el Gobierno implementa de manera continua desde septiembre de 2022, a causa de la insuficiencia del mecanismo de movilidad para que se mantenga el poder adquisitivo de los ingresos.

Es una estrategia que, como no abarca a todos los jubilados, provoca inequidades y distorsiones, sobre todo en un contexto inflacionario, y, además, tiene entre sus puntos débiles la falta de previsibilidad. Hace varios meses que una parte creciente de los ingresos de los jubilados de menores ingresos depende de una decisión política periódica.

Por otra parte, también hay jubilados con haberes brutos superiores al mínimo que, en la práctica, reciben menos en sus bolsillos que quienes tienen el básico, porque siempre estuvieron excluidos de los bonos, o porque hasta agosto los cobraron un refuerzo, pero desde septiembre ya no (desde ese mes, los adicionales alcanzan a menos personas).

La definición sobre los refuerzos de los próximos meses y la corrección (o no) de las distorsiones del sistema son quizá las cuestiones más urgentes, pero no las únicas que se presentan como desafiantes en materia previsional.

El futuro de la fórmula de movilidad es una incógnita también. Hoy la inflación y las decisiones del Gobierno se ocupan del ajuste previsional. Con un cambio en la dinámica de las variables que son parte del cálculo, en algún momento los índices llevarán a una recuperación del poder de compra. Pero, al mismo tiempo, eso agravará la situación de las cuentas públicas. Es un tema crítico para la meta de equilibrio fiscal.

Déficit y ajuste del gasto

Más allá del daño a los haberes de cada jubilado, las cuentas del sistema de la seguridad social tuvieron en el período de enero a septiembre un déficit de 13,6%, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. La cuenta considera los recursos que recibe la Anses por aportes y por impuestos varios para los cuales está establecido ya que la recaudación total o parcial tiene por destino a la seguridad social.

El desequilibrio ocurrió incluso cuando hubo un ajuste a la baja del gasto, explicado por el retraso de los reajustes. En el período mencionado el dinero asignado al pago de prestaciones fue, corregido por inflación, un 4,3% más bajo que el de igual lapso de 2022.

Moratorias e informalidad laboral

La contracara es el deterioro de los haberes, a la vez que otro factor que complica las cuentas presentes y futuras (porque no fue previsto un financiamiento especial) es la vigencia del plan de pagos de deuda previsional, la moratoria. Según la estadística oficial, en los primeros nueve meses de este año ocho de cada diez nuevas jubilaciones fueron para personas que, llegada la edad de retiro, no tenían cumplido el requisito de los 30 años de aportes que exige la ley. Y, de las prestaciones jubilatorias que están en curso de pago, dos tercios tuvieron moratoria.

El requisito rígido de los 30 años de aportes no fue revisado a lo largo de las décadas que tienen de vida las moratorias, que son mecanismos que posibilitan jubilarse por la excepción y no por la regla, que cada vez menos personas cumplen. El problema para el que no hubo soluciones es que la mitad de los trabajadores (asalariados y cuentapropistas) está en la informalidad, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Eso hace insostenible un sistema que pretende tener altos índices de cobertura de ingresos para adultos mayores y haberes que no se deterioren (algo que ocurre ahora).

Las moratorias surgieron como una política temporal, pero, prórrogas y recurrentes normativas mediante, persisten en el tiempo. Desde hace años son la vía para la mayor parte de las altas de beneficios. También es persistente el problema que las originó, que deriva en un desafío gigantesco: lograr que más personas aporten y que el empleo que se genere no sea informal, precario, o con aportes bajos en función de los compromisos de pago que asume el Estado.

Préstamos subsidiados

Una decisión sobre qué hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que gestiona la Anses (y que existe porque alguna vez hubo un régimen de capitalización) estaría en la agenda de lo que viene.

Las recientes medidas tomadas en el marco del “plan platita” con el que Massa buscó votos dejan efectos negativos para el valor de ese fondo. El último anuncio sobre préstamos subsidiados habilitó a los asalariados con ingresos mensuales de hasta $1.980.000 a tomar dinero a una tasa nominal anual de 50%, cuando la inflación de doce meses fue, a octubre, de 142%. Es decir, hay personas que están entre las que cobran los ingresos laborales más altos de la Argentina a quienes, al beneficio de no pagar más Ganancias, se les sumó el de acceder a préstamos con un alto subsidio estatal.

Reclamos judiciales

Por otra parte, un daño causado a los bolsillos en los últimos años podría traer un dolor de cabeza en particular para los próximos administradores del Estado, más allá del desafío que implica el pago de sentencias judiciales a favor de jubilados ya existentes. Ocurre que la Corte Suprema tiene pendiente pronunciarse sobre reclamos contra el ajuste a las jubilaciones de 2020, el año en el cual se suspendió la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión de Mauricio Macri, para otorgar, por decisiones discrecionales, incrementos más bajos.

Varios jueces de instancias inferiores, sobre todo el interior del país, le dieron la razón a los jubilados y ordenaron mejoras para los haberes de quienes litigaron. Desde hace un tiempo se espera el pronunciamiento del tribunal supremo que –con la composición de aquel entonces–, falló a favor de los jubilados en 2007 y en 2009, en respuesta a las demandas contra el congelamiento que cientos de miles de prestaciones tuvieron –pese a la inflación– entre 2002 y 2006, y contra el cálculo deficiente de los haberes para quienes se jubilaban en aquellos años, cuando Néstor Kirchner era presidente y Sergio Massa, director ejecutivo de la Anses.