viernes, mayo 24

Juicio por la expropiación de YPF: los pasos que debería seguir la Argentina para evitar los embargos

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Nota extraída de TN por Melina Manfredi

La defensa tendrá que pedirle a la jueza Loretta Preska que excuse al país de pagar el bono de garantía para poder seguir con la apelación y evitar que los demandantes vayan contra bienes argentinos en el exterior.

Luego de la sentencia adversa contra el Estado por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones, el fondo Burford Capital pidió embargar bienes del país en el exterior. Se espera que en los próximos días, la jueza de la causa convoque a una reunión entre las partes para discutir ese asunto.

Así lo indicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso de cerca: “Burford pidió poder avanzar con los embargos a partir del 16 de octubre, así que no creo que la jueza Loretta Preska deje pasar esa semana sin convocar a una conferencia entre ambos”.

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El Gobierno anticipó que la defensa argentina planea apelar. Sin embargo, para seguir ese camino sin poner en peligro activos argentinos en el exterior, los abogados tendrán que hacer un pedido especial a la jueza.
La justicia estadounidense excluyó a YPF del juicio por la expropiación. (Foto: Télam).
La justicia estadounidense excluyó a YPF del juicio por la expropiación. (Foto: Télam).

“Para evitar que los demandantes vayan contra activos del Estado mientras apela, la Argentina tiene que depositar un bono de garantía equivalente al monto del fallo. Es decir, US$16.000 millones. Por supuesto, el país no lo puede afrontar, entonces, es probable que la defensa esté armando un escrito en el que le pida a la jueza Preska que la exima del bono porque se trata de un país pobre que sufriría daños irreparables si tuviera que hacer ese pago”, indicó Maril.

El analista recordó que hace poco más de un mes la Argentina usó -con éxito- esa misma estrategia en Londres, en el juicio por 1300 millones de euros por el pago del cupón PBI. “Podría, incluso, ofrecerse a depositar un bono simbólico, por un monto menor”, agregó Maril.
La jueza Loretta Preska, magistrada que presidió el juicio contra el Estado argentino. (Foto: The New York Times)
La jueza Loretta Preska, magistrada que presidió el juicio contra el Estado argentino. (Foto: The New York Times)

A la vez, no descartó que la defensa del país presente un escrito a la jueza Preska en el que solicite suspender todo lo que se derive del litigio hasta tanto se resuelvan las elecciones presidenciales en la Argentina, de modo tal que la próxima gestión elija una estrategia y se siente a negociar.

La principal desventaja de seguir alargando el litigio, aun si evita los embargos, está en los costos legales y de intereses. “Son alrededor de US$1000 millones anuales, que ascenderán a US$3000 millones si llega a la Corte Suprema”, puntualizó Maril.
Un litigio que puede demorar años

Aunque el experto considera que lo más propicio sería acordar con el fondo demandante tratar de conseguir un descuento y cerrar el juicio, cree que el Gobierno irá por el camino de la apelación, que puede demorar varios años en resolverse.

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Según él, cualquier autoridad local evitará abonar el fallo si todavía puede explorar alternativas legales. ¿Por qué? Para evitar un juicio político en el futuro. En ese sentido, recordó el cierre del conflicto legal con los fondos buitre: “Cuando Mauricio Macri le pagó a los holdouts, lo envió el Congreso. Lo mismo debería suceder en este caso. La ventaja de apelar es que gana tiempo y, además, puede llegar a dar vuelta la sentencia y ganar”.
El sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ve en el exterior del edificio de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan. (Foto: Andrew Kelly/Reuters).
El sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ve en el exterior del edificio de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan. (Foto: Andrew Kelly/Reuters).

Con respecto a los embargos, Maril apuntó que es difícil precisar qué activos argentinos en el exterior podrían ser objeto de esa estrategia. “No se puede embargar embajadas, ni cuentas, ni los aviones de Aerolíneas Argentinas porque la mayoría son prestados”, detalló. “La realidad es que Burford quiere cobrar el juicio, no le interesan los bienes a embargar en sí mismos”, añadió.