• 2020-03-04

A partir del viernes, la Agencia Federal de Inteligencia sólo podrá investigar casos de terrorismo. 

El Gobierno anunció que a partir del viernes 6 de marzo, la Agencia Federal de Inteligencia no podrá realizar más escuchas ni tareas de investigación a pedido de los jueces. De esta manera quedará restringida solo para investigar temas de terrorismo y acciones que “pongan en riesgo el orden constitucional”.

Esa triple prohibición figura en un DNU -decreto de Necesidad y Urgencia- que Alberto Fernández firmó este miércoles y será publicado en el Boletín Oficial el jueves, junto a otro texto, un decreto común que «desclasifica» la información que la ex SIDE sobre la causa AMIA.

Hay un hilo entre los dos decretos: se podrá acceder libremente a un «galpón» de información sobre el atentado a la AMIA y, en paralelo, la AFI se enfocará a investigar cuestiones como el terrorismo.

De ese modo, el Gobierno cristaliza un anuncio que Fernández hizo en su discurso ante el Congreso el último domingo y avanza en una dirección que fijó desde que era candidato: «intervenir» la AFI y romper, según el relato oficial, el «vínculo espurio» entre los espías y sectores de la Justicia.

«Permitió la promiscuidad entre la Justicia y la AFI, el armado de causas y las pre causas», explicaron a Clarín fuentes del Gobierno en referencia a un supuesto modus operandi: agentes que habrían «investigado» a personas sin orden judicial para buscar elementos que luego elevaban a un juez para que inicie un expediente.

A través del DNU 52, firmado este miércoles por el Presidente, se modifica el artículo 4º de la Ley Nº 25.520 y se elimina la posibilidad de que los jueces puedan pedir a la AFI que colaboren con una investigación judicial convencional.

La desclasificación del material que la AFI tiene «en custodia» referido a la causa AMIA, aunque está en poder de la UFI AMIA, se ejecutó porque hubo un pedido de familiares de víctimas que integran Memoria Activa.

Camaño se lo transmitió a Fernández y el Presidente dio el OK. En concreto, refiere a una «enorme cantidad de información», que va de tareas de inteligencia y testimonios realizados desde el atentado en adelante, y vinculado a dos grandes causas: la del atentado, luego anulada por la Corte, y a la llamada «encubrimiento 1».

No involucra, de todos modos, a la del «encubrimiento 2», es decir a la que investigó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El resto de la información -que está en un «galpón» donde según la intervención estaba en malas condiciones edilicias y de seguridad- podrá ser, a partir del decreto que se publica este jueves, de acceso público. Ya no era material volcado en las causas: ahora incluirá a todo el material disponible, además de testimonios brindados por agentes y espías.