El país se ubicó en el puesto número 66 de 180 el año pasado mientras que el 2018 lo cerró en el puesto número 85. ¿Cuáles son los países menos corruptos?

La Argentina es menos corrupta que hace dos años. Bastante menos, según el informe que realizó Transparencia Internacional titulado Índice de Percepción de la Corrupción: el país subió 19 lugares respecto de 2018 y cerró el 2019 en el puesto nº 66 de 180, mientras que hace dos años se encontraba en el 85.

Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia: los tres países menos corruptos

El ascenso en el ranking es el más significativo en los últimos ocho años y en el último de la gestión de Cambiemos, que buscó hacer de la lucha contra la corrupción uno de sus caballitos de batalla de cara a las elecciones. Sin embargo, el ascenso se explica no solo por los méritos propios de un país, sino también en relación al resto de los países, en una edición del Índice que revela que muchos bajaron su puntuación.

Por eso, cuenta más el puntaje obtenido por una serie de encuestas que la ubicación en el ranking de esta medición. Y en 2019, Argentina consiguió 45 puntos sobre 100 máximos posibles, 5 más que en 2018. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país “fue bochado” al ser percibido con una corrupción elevada y 100, que el país es percibido como muy transparente.

Con este puntaje, Argentina se ubica, por primera vez, por encima, de la media global en materia de percepción de corrupción que es de 43 puntos –un puntaje de por sí pobre-, aunque sigue entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador que TI.

Desde 2012, cuando Transparencia Internacional modificó la metodología del índice, la peor perfomance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 32, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) mide anualmente la percepción de la corrupción pero solo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Las preguntas se refieren a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos de obra pública, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos de públicos, entre otros aspectos.