Las autoridades de la SIGEN tienen datos respecto de falta de rendiciones entre 2020 y 2022. Las posibles irregularidades que detectaron en acuerdos con ministerios y organismos del Estado.

La auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizará sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)comenzará el 28 de octubre con el objetivo de analizar los fondos que el Tesoro Nacional le transfirió a esta casa de estudio en los últimos años. Antes de comenzar este trabajo que podría llegar a tener sus primeros resultados preliminares a comienzos de diciembre, el ente de control que conduce Miguel Blanco ya cuenta con datos que podrían configurarse en posibles irregularidades.

Un documento en poder de la SIGEN advierte que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR, que asigna fondos para proyectos que fomentan las acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional. Se trata de unos $8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además se le suman otros $500 millones para infraestructura que tampoco está claro cuál fue su uso entre 2015 y 2019.

Esta falta de rendición ya había sido advertida por el secretario de Educación Carlos Torrendel, aunque ahora TN da a conocer la cifra que ya está en poder de las autoridades de la SIGEN. El organismo de Blanco quedó habilitado para llevar adelante una exhaustiva revisión de los procesos administrativos de la principal casa de estudio del país luego de que el Gobierno derogó una normativa impuesta por el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini que impedía este análisis.

“Uno de los primeros objetivos es saber porqué no se rindieron estos fondos, analizar cómo se utilizaron y determinar si fueron a parar a su destino original”, dijeron fuentes a TN.

Cuáles son las subcontrataciones en convenios que la SIGEN tiene bajo la mira

Este medio pudo saber que desde la SIGEN requerirán que la UBA entregue documentación vinculada a la transferencia de fondos del Estado, cada uno de los convenios firmados, la rendición de cuentas de cada gasto con la documentación respaldatoria, la nómina de gastos corrientes y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas. En este punto se pondrá particular énfasis en la revisión de las compras de materiales y la contratación de servicios como limpieza, jardinería y mantenimiento en general.

Las auditorías de la SIGEN tienen como objetivo reconocer debilidades y flaquezas en los procesos administrativos de todos aquellos organismos que reciban o funcionen con fondos públicos y es por eso que el foco del análisis estará puesto en las cuentas de las universidades y en los miles millones que las casas de estudio reciben del Tesoro Nacional.

Uno de los focos de atención estará puesto en la utilización de la caja chica, un recurso que las casas de estudios y otros organismos suelen destinar a gastos excepcionales o no planificados y sobre los que hay muy poco control. “Muchas veces las cajas chicas se suelen depositar en las cuentas personales de quienes deben hacer ese gasto”, reconoce una fuente de la SIGEN.

En paralelo, la SIGEN audita unos 2245 convenios que las universidades, entre estas la UBA, firmaron con ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Se trata de acuerdos que van desde los $2 millones hasta los $170 millones cada uno y que se llevaron adelante sin licitación, algo que despertó interrogantes en el organismo de control.

TN pudo saber que de esta auditoría se desprendieron las primeras posibles irregularidades: detectaron convenios que se subcontrataron, es decir que la universidad después de recibir el dinero por parte del Estado contrató a un tercero para que haya la tarea acordada y hasta se investiga si a través de estos contratos no se produjo la contratación de personal, cuando estaba prohibido por el decreto 426/2022.

No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos. Se trata de un mecanismo que le permite al Gobierno tener más control sobre las casas de estudios sin violar ninguna reglamentación, como el dictamen de noviembre de 2022 firmado por Carlos Zannini entonces procurador del Tesoro que determinó que la SIGEN no podía auditar a las universidades nacionales al dejar a las casas de estudio fuera del artículo 100 de la ley 24.156.

Como sea, la SIGEN colocó la mira en acuerdos como los que firmó la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la ejecución de transferencia tecnológica en materia de digitalización de documentos e informatización documentaria o el convenio para que trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social mejoren en el diseño, implementación y evaluación de proyectos a la gestión pública. El acuerdo se firmó entre esa cartera y la Universidad Nacional de Guillermo Brown por $22.480.000. Toda la cursada era virtual.

Fueron numerosos los ministerios que contrataron a universidades. En la lista están el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.

Entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.