La diputada K que propuso quedarse con empresas ayudadas está imputada por tener tres empleos en el Estado
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos generó polémica este fin de semana al proponer que el Estado se quede con parte de las grandes compañías que recibieron subsidios durante la pandemia para poder pagar salarios de sus trabajadores.
“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, opinó la diputada este domingo 17 de mayo. La expresión surge luego de que el Gobierno nacional anunciara en los últimos días que extenderá los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), por lo que el Estado argentino volverá a pagar hasta la mitad de los salarios del sector privado de mayo, y reducirá el pago de contribuciones patronales, entre otras asistencias.
Días antes de que comenzara la cuarentena social obligatoria, el pasado 17 de marzo, Vallejos tuvo que visitar Comodoro Py para ser indagada en una causa por la que fue imputada en 2017 por el fiscal Federico Delgado. Tres años después, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la citó a indagatoria en una causa que investiga falsedad ideológica de instrumento público, por haber realizado ante el Senado de la Nación una declaración jurada para acceder, oportunamente, a un cargo administrativo en dicha Cámara, ocultando la existencia de otros dos cargos estatales incompatibles con la nueva designación a la que aspiraba, la cual, finalmente, le fue otorgada.
El abogado José Lucas Magioncalda, quien llevó el caso a la Justicia contra Vallejos, denunció en 2018 que el juez Canicoba Corral demoró el avance del caso y ocultó información sobre las medidas a tomar.
En 2018, Magioncalda denunció: “Resulta difícil de creer que, en nueve meses, el Juzgado no haya podido obtener del Congreso de la Nación y del Ministerio de Economía, la documentación relativa a los tres cargos ocupados por Vallejos, para luego verificar si la declaración jurada reflejaba o no la situación laboral de la actual legisladora. ¿Es posible que aún no se haya citado a indagatoria? ¿Tiene alguna lógica que la diputada no haya explicado aún en la Justicia lo que omitió explicar a la ciudadanía durante la campaña electoral?”. Tuvieron que pasar dos años más hasta que Canicoba llamó a indagatoria a Vallejos el 17 de marzo pasado.
Los cargos públicos que ocultó en su DDJJ
Vallejos había ingresado en 2010 a la gestión pública como asesora. Trabajó en la Dirección de Cuentas Nacionales y permaneció hasta 2015, con la gestión de Axel Kicillof. Con la firma del ex vicepresidente Boudou fue designada también como asesora de la entonces senadora por La Pampa, María de los Ángeles Higonet. Además, en noviembre de 2015 la nombraron en planta permanente en Diputados. Había ingresado a la Cámara Baja del Congreso en septiembre de 2014 como planta transitoria.
La legislación sobre empleo público y las normas que comunica la Oficina Anticorrupción prohíben la acumulación de cargos. Vallejos siempre contó con, como mínimo, dos. Primero en Economía y el Senado, y posteriormente en el ministerio y la Cámara de Diputados, llegando a la superposición récord de tres cargos públicos en 2014.
La diputada había omitido informar en su DDJJ su relación con Economía y con la Cámara de Diputados. Las declaraciones juradas son documentos públicos y mentir o manipular su información es un delito.
