22 de enero 2020 – Analizan si es un delito que no se haya transferido fondos de la tasa de fiscalización.La nueva gestión del Ente apartó al gerente administrativo. El directorio, bajo la lupa.

El organismo de control es cuestionado hace tiempo por su inacción ante las quejas de usuarios de servicios públicos. JAN TOUZEAU

«Demuestra que leen el diario», ironizó Carlos «Uluncha» Saravia, sobre la investigación que se inició a partir de sus dichos en una entrevista cedida a este matutino como presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp). La fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos puso bajo la lupa a Aguas del Norte, Edesa y al mismo Ente. Estudian la posible comisión de delitos a raíz de la deuda que mantienen las empresas prestatarias de servicios públicos con el organismo de control por la tasa de fiscalización. Un funcionario ya prestó declaración.

La ley 6.835, de 1996 que crea el Ente, manda en su artículo noveno «las licenciatarias y las concesionarias prestadoras, pagarán al Ente anualmente y por adelantado una suma de dinero proporcional a las facturaciones reales o presuntas correspondiente al año anterior al del pago. Dicha suma será fijada por el Ente al confeccionar su proyecto de presupuesto». La tasa de fiscalización se fijó en el 2 por ciento de lo abonado por el servicio público, y es cobrada a los usuarios en las boletas. Luego, las empresas deben remitir esos montos al Ente para que pueda ejercer su tarea de control.

Si bien la norma manda que los pagos sean por adelantado y anuales, por otras resoluciones finalmente quedó establecido que sea mensual. La nueva gestión del Enresp asegura que esto no se cumple.

«Hace un año que Edesa, por tasa de fiscalización, le debe al Ente $152 millones, Aguas del Norte debe $28 millones, que es una deuda que arrastra hace diez meses. Estas son las cosas que también hablan que un Ente, al ser órgano de control, se ve restringido en su tarea, porque las empresas no le pagan. Este es un tributo que se paga a efectos de que el Estado los controle. Por otro lado hay una deuda que tiene la Provincia con Edesa por los subsidios que se otorgan por un fondo compensador nacional», fueron los dichos de Saravia que el procurador Abel Cornejo tomó y por las que pidió que se abriera una investigación.

Saravia asistió ayer por la mañana a la fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos, donde prestó declaración y le remitió información al fiscal Leandro Flores. «Esa noticia habilitó el comienzo de una investigación. Estamos recabando algunos datos, necesitamos precisiones a partir de esa noticia, por eso convocamos al presidente del Ente. Con eso ya vamos a analizar, tenemos que ver si hay o no delito», indicó el fiscal.

Las preguntas que intentará responder la Justicia será si esa deuda es ilegal, por lo pronto, Flores entiende que «hay una deuda que en principio perjudicó el funcionamiento del Ente».

También se intentará dilucidar si ese mecanismo de compensación de la tasa de fiscalización por la deuda de subsidios que se vendría realizando hace tiempo es legal.

«La Provincia debe dinero por la plata que ha remitido el fondo compensador tarifario que es administrado por el Consejo Federal de Energía. Eso ha ido a Rentas Generales, no ha transmitido la plata a Edesa, son 112 millones, más un excedente por subsidios por 20 millones más. O sea que Edesa plantea que se le debe 132 millones de pesos», aseveró el presidente del Ente, quien sostiene que esta deuda no puede cobrarse a través de la tasa de fiscalización.

Lo mismo indicó Paulo Friguglietti, abogado especialista en derecho administrativo y exdirector de la Agencia Anticorrupción de Santa Fe ante la consulta de este medio. «Si los montos recaudados por la tasa de fiscalización tienen un destino específico, y no obstante se usan con otros objetivos, podría incurrirse en malversación de fondos públicos», deslizó.