Los trabajadores habían sido pasados a planta sobre el final de la gestión de su antecesor, Germán Alfaro. Qué dijo el exjefe comunal.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, acusó a la oposición de Juntos por el Cambio de instar a un golpe institucional y denunció que recibió amenazas de muerte luego de haber echado a 550 empleados pasados a planta sobre el final de la gestión de su antecesor, Germán Alfaro.

“Es muy preocupante el grado de violencia, y hay personas que instan a esa violencia”, comentó la jefa municipal y apuntó contra “exfuncionarios que alteran la paz social, y concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo”. “Hoy quieren dar un golpe institucional”, sostuvo en una entrevista con el diario La Gaceta.

La funcionaria denunció que recibió amenazas de muerte. “En Whatsapp dicen ‘la van a matar’. Ya hice la denuncia penal correspondiente”. “Hablan de ir a mi domicilio. Llama la atención los funcionarios que actúan de esta manera”, agregó.

“Esto puede terminar en algo muy grave. Si con este grado de violencia hay un herido o muerto, voy a responsabilizar a estas personas que instan a la violencia a la gente”, afirmó la intendenta, que fue electa con un triunfo ajustado sobre Beatríz Ávila, esposa a Alfaro.

Además, sostuvo que “tiene pruebas” y que “ya están en manos de la fiscal”. “Voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social”, subrayó.

“Esta gente está acostumbrada a avasallar a las instituciones. Quiero decirle a los vecinos que se queden tranquilos porque estoy firme”, agregó.

También justificó la decisión de dejar sin efecto todas las designaciones de personal realizadas en los últimos meses por Alfaro. .”No estoy ‘sacando gente para poner a los míos’, sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no está reconocida con muchos años de antigüedad”, afirmó.

Qué dijo Alfaro sobre los funcionarios que echó Chahla

En diálogo con el sitio La Política Online, Alfaro dijo que “no fue gente incorporada, sino titularizada” y agregó que el proceso “venía desde abril”.

“Quieren hacerle creer a la gente que son ñoquis, pero son laburantes, gente humilde que cobra 220 mil pesos”, manifestó Alfaro. Además, dijo que los despedidos presentarán un amparo colectivo ante la Justicia.

El contador general del municipio, Marcelo Albaca, dijo por su parte que había unos cien empleados que estaban en la sede municipal “y querían conocer dónde tenían que prestar servicios, porque ni siquiera ellos sabían”.

“Desde junio hasta octubre, hablamos de 1.700 nombramientos en planta permanente que realizó la gestión anterior”, denunció Albaca. Por eso, la intendenta Chahla instruyó a “constituir una comisión para evaluar, en cada caso concreto, las incorporaciones dispuestas desde el 1 de junio de 2023″.