Un privado procuraba vender 40 hectáreas en el perilago del dique a través de un fideicomiso. El intendente Sumbay denunció la venta directa. + –

El Juzgado Contencioso Administrativo 2ª Nominación rechazó una demanda interpuesta por un fideicomiso en contra de la Municipalidad de La Caldera, que a través de un boleto de compraventa firmado en el año 2016 con el ex intendente Daniel Escalera buscó adquirir 40 hectáreas de la matrícula 1846, correspondientes a una fracción del dique Campo Alegre, por la suma de 10 millones de pesos pagaderos en cuotas.

Es así que el valor del metro cuadrado quedaba en $25, cuando en el mercado cotizaba a $1.333 el metro cuadrado, es decir $530.000.000 la totalidad de aquellas tierras. Sin embargo, el fideicomiso nunca abonó suma de dinero alguna y pretendía avanzar con la operación inmobiliaria a partir de un boleto de compra venta.

El Concejo Deliberante, presidido en ese entonces por Mercedes Duarte, se opuso a dar consentimiento a la aprobación de planos de mensura y subdivisión que debían ser remitidos a la Dirección General de Inmuebles, argumentando que el intendente no tenía facultad para vender inmuebles del municipio. 

En aquel momento Duarte y el concejal Alfio Sumbay interpusieron una medida cautelar para que el fideicomiso no haga posesión de las 40 hectáreas. En este contexto la venta se dilató, no se realizaron los planos de subdivisión, ni se abonó siquiera la cuota inicial de 3 millones de pesos, pese a que había un plazo para dar cumplimiento a ello.

Demanda de escrituración

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. En el 2019 el fideicomiso inició una demanda de escrituración en contra del municipio de La Caldera.

En el 2020, Diego Sumbay, actual intendente de La Caldera, fue notificado de la demanda y es quien respondió a través de sus asesores legales que la venta no fue válida y que la Municipalidad, de acuerdo a la ley de contrataciones, es un ente público y que “jamás se puede aplicar la modalidad de venta directa para inmuebles pertenecientes a entes públicos”.

Los asesores letrados remarcaron que la modalidad de venta debía hacerse por licitación pública y no con un boleto de compra venta, que es un instrumento privado que en este caso carecía de certificación de firmas. Por otro lado, el fideicomiso reconoció que no abonó nada y exigía la escrituración para el pago de la primera cuota de 3.000.000 de pesos. 

El Código Civil y Comercial exige al tenedor privado del boleto de compraventa el pago de al menos del 25% del valor de la venta para demandar escrituración. “Si en el ámbito privado no estaban habilitados para pedir la escrituración, menos lo estaban en el Derecho Administrativo, ámbito en el cual el boleto de compra carece de efectos”, explicaron los letrados.

Es por ello que el juez determinó que el catastro 1846 le pertenece íntegramente a la Municipalidad de La Caldera, y remarcó que la venta no fue válida y que el Ejecutivo municipal no tenía competencia para suscribir el contrato. 

Cabe recordar que en el 2011 el diputado por el departamento La Caldera Luis Mendaña impulsó la donación de las tierras del perilago y la Legislatura mediante ley 7.699 autorizó el Poder Ejecutivo provincial donar a la Municipalidad de La Caldera 130 hectáreas, de las cuales 70 se encuentran bajo el agua, para que se destinen al desarrollo integral de la zona.

En el 2012, ya siendo intendente, Mendaña promulgó la ordenanza 587 que habilitó a la comuna a vender las 40 hectáreas. Posteriormente el ex intendente Escalera continuó con la operación inmobiliaria.

Audiencias públicas

Sumbay resaltó la importancia del fallo porque “después de 6 años de lucha (desde que el Concejo Deliberante rechazó la venta), y gracias a nuestros asesores legales, hemos ganado el juicio de las tierras del dique. Los caldereños no debemos permitir que ningún gobernante haga negocios con el patrimonio municipal”. Enfatizó en que la comunidad ahora cuenta con tierras para llevar adelante proyectos en beneficio real de todos los caldereños, como barrios sociales, emprendimientos rurales productivos y turísticos. Vamos a hacer audiencias públicas para decidir sobre el uso de ese territorio que nos pertenece”, aseguró.