Por Ignacio Miri para Clarín

La designación de Martín Soria en el ministerio de Justicia se encuadra en lo que Cristina Kirchner dijo en varias oportunidades.

Si se toman en cuenta las condiciones necesarias para desempeñarlo, el puesto que ocupará Martín Soria debe ser uno de los más fáciles de cubrir en la política argentina.

En el país hay varias decenas de miles de abogados, muchos de ellos convertidos en competentes juristas tras años dedicados al estudio pormenorizado del derecho, y unos cuantos centenares, a su vez, transformados en políticos profesionales.

El presidente Alberto Fernández, además, suele definirse a sí mismo como el hijo de un juez que da clases en la Facultad de Derecho más prestigiosa del país, con lo cual tiene un amplio conocimiento de los protagonistas de la vida en los tribunales y en la academia.

Sin embargo, nada de eso pesó en la designación como nuevo ministro de Martín Soria, un político hijo de un político y hermano de políticos, nacido y acostumbrado a moverse en la élite de funcionarios y empresarios que desde hace décadas crece y se reproduce en el Alto Valle del Río Negro.

La semana de demora que el Presidente se tomó para confirmar el nombre que él mismo había mencionado le sirvió a Soria para ser sobreseído en una causa en la que se investiga si él, en persona y en efectivo, le cobró cuando era intendente de General Roca un porcentaje de los sueldos a los funcionarios municipales.

El lunes 8 fue nominado por Fernández en un programa de TV, el jueves 11 fue beneficiado por ese giro en la investigación judicial y el lunes 15, ya sin la necesidad de ser protegido por fueros parlamentarios, su nombre fue confirmado por el Presidente en otro programa de TV.

Sin un conocimiento explícito de la materia judicial, la llegada de Soria al gabinete se explica más por la situación política en que se encuentra el Presidente de la Nación.

La coalición del Frente de Todos, idea y obra de Cristina Kirchner, dejó a la vista casi desde que se hizo cargo del Gobierno cómo está construida. Cristina aporta la enorme mayoría de los votos que la sostienen, Sergio Massa agrega una porción que si no estuviera allí alcanzaría para impedir un triunfo, y Fernández es el encargado de atraer apoyos que no se reconocen como kirchneristas ni massistas. Entre esas patas de la alianza electoral hay varias coincidencias y varias divergencias, pero hay un punto que, desde hace meses, tiende a generar la mayor disparidad entre los socios: Cristina considera que deben terminarse las investigaciones judiciales en su contra, incluso sacando de sus puestos a los jueces que las llevaron adelante, y Fernández y Massa no mostraron intenciones de trabajar para que eso ocurra.

Esa diferencia superpone varios nudos diferentes.

Uno de ellos es que ese combate le importa a la vicepresidenta, a su entorno y a sus seguidores más fervientes, pero le resulta indiferente a la enorme mayoría de los ciudadanos. Los millones de argentinos que sufren las imperfecciones y el mal funcionamiento de la Justicia saben que la reforma judicial que quiere Cristina no les mejorará un minuto de su vida. El lawfare, tal como lo describe la ex presidenta, es una enfermedad que la perjudica sólo a ella, a su familia y a quienes formaron parte de su Gobierno o sus incursiones empresariales.

Otro nudo cruza el plano de lo simbólico con la realidad. El Presidente habla en contra de los jueces, pero Cristina quiere que el Gobierno haga cambios para limitar las investigaciones que la incomodan. Fernández lleva varios meses empantanado en esa diferencia.

Es probable que, con el endurecimiento de su discurso, el Presidente haya intentado sellar diferencias al interior de la alianza, una maniobra clásica de las coaliciones en años electorales, para luego dedicarse a buscar más afuera de ese núcleo los votos que no están consolidados.

Pero, otra vez, hay que entender que Cristina pide cambios verdaderos y no adecuaciones semánticas o escénicas: ella sabe que, tal como están las cosas, puede ser condenada en varios de los expedientes que protagoniza. Ese es el motivo que explica que sus ataques recorran, de arriba hacia abajo, todas las instancias del Poder Judicial, la vicepresidenta se dedica a combatir a los jueces que la investigaron, a los que la procesaron y a todos los que confirmaron o pueden confirmar esas actuaciones en las primeras instancias.

A su vez, las intenciones de Cristina se chocan contra los límites del poder del oficialismo: por más que en el Frente de Todos logren ponerse de acuerdo, no cuentan con los votos en el Congreso para llevar adelante los cambios que requieren de modificaciones legales y tampoco tienen el poder suficiente para hacer y deshacer juicios políticos en en el Consejo de la Magistratura.

Por todo ello, lo que tiene que definir el Frente de Todos, más que el nombre del ministro, es si se va a unir en la cruzada de Cristina. ¿Va a impulsar Fernández cambios en los tribunales? Hasta ahora no pudo, no quiso o no supo cómo hacerlo. ¿Es Soria la persona indicada para emprender esas modificaciones que reclama su jefe política? Hasta ahora, el kirchnerismo que opera entre los jueces no consiguió despejarle el panorama judicial a Cristina y sí provocó que se cierren diferencias históricas y coyunturales entre los jueces, entre ellos, los que forman la Corte Suprema.