Para el Gobierno, implica la posibilidad de «victimizarse» pero ganar margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos. ¿Al Fondo le preocupa?

«Que se rompa pero no se doble»: el viejo lema de la Unión Cívica Radical parece haber sido adoptado por el kirchnerismo duro, que una vez más prefirió la épica de una «derrota con épica» antes que una negociación que pudiera reflejar una imagen de debilidad política.

El ya célebre discurso de Máximo Kirchner dinamitó toda posibilidad de acuerdo para modificar un presupuesto en el que, en realidad, no creía ninguna fuerza política. Después de todo, mientras el ministro Martín Guzmán estaba argumentando por qué proyectaba una inflación de 33% para el año próximo, los grandes sindicatos aliados del Gobierno estaban cerrando acuerdos en torno de un 60%.

Esa contradicción es lo que hace que, por estas horas, la mayor especulación del ámbito político es si el rechazo al presupuesto fue producto de una impericia parlamentaria del diputado Kirchner o si todo fue parte de una estrategia orquestada desde un inicio.

Tal vez nunca se sepa la verdad, pero lo cierto es que, para el Gobierno, las consecuencias de este rechazo del Congreso acaso sean menos graves que la de una negociación con la oposición.

Ocurre que los cuestionamientos que habían hecho los legisladores más representativos -economistas como Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, José Luis Espert y Javier Milei- no apuntaban a detalles menores sobre montos de partidas específicas, sino que iban a la médula del presupuesto.

Expresiones como «dibujo», «mamarracho», «fantasioso» e «invotable» abundaron durante el debate. Y los opositores dejaron en claro que el nivel de las discrepancias eran tan altos que no habría margen para revertir la situación mediante el tradicional método de negociar partidas para obras públicas en las provincias gobernadas por la oposición.

En este caso, el cuestionamiento fue directamente al corazón del plan económico de Guzmán. Es decir, al déficit fiscal de 3,3% -con un 1,7% financiado por la asistencia del Banco Central-. Las proyecciones de los economistas opositores eran que ese plan implicaría una emisión monetaria neta de 4,1% del PBI -teniendo en cuenta los pagos de intereses- y que de esa forma se estaría expandiendo la base monetaria un 62%.

Por eso, la principal acusación de la oposición a Guzmán era que estaba subestimando deliberadamente la inflación -y por ende los recursos tributarios-, de manera de poder luego, cuando los verdaderos números de la economía se manifestaran en la realidad, manejar las nuevas partidas con criterio discrecional. Es, de hecho, algo que ya ocurrió el año pasado y en este 2021.

Ahora Guzmán, en su descargo, dice que para eliminar esa sospecha por parte de la oposición se había ofrecido un «mecanismo transparente» para asignar nuevos recursos. Consistía en que si, a mediados de año, los recursos eran superiores a los planificados, el Gobierno enviaría una enmienda al Congreso para aprobar el destino de esos fondos.

Pero claro, aun cuando se votase ese proyecto, la oposición estaría tácitamente aceptando las proyecciones de 33% de inflación, 28% de deslizamiento del tipo de cambio, 4% de crecimiento del PBI. Y, sobre todo, la forma de financiación del déficit fiscal -que implicaba tomar deuda por $1,2 billón en el mercado interno y pedir prestado $670.000 millones a organismos multilaterales de crédito.

En esos términos, la negociación era muy difícil para ambas partes. Si se aplicaban retoques menores, como pretendía el Gobierno, los opositores estarían contradiciendo su discurso duro y pagarían un costo político alto frente a sus votantes en su primera intervención como nueva mayoría parlamentaria.

Pero si se enviaba un nuevo proyecto que cambiara todas las proyecciones económicas, como reclamaba la oposición, entonces Guzmán y todo el equipo económico quedarían muy mal parados, porque ello implicaría aceptar que las previsiones previas estaban divorciadas de la realidad.

Máximo Kirchner dejó caer la posibilidad de una negociación: como consecuencia, el Gobierno gana mayor margen de discrecionalidad para manejar el gasto público

Contentos los dos

La consecuencia política de este rechazo del Congreso es que, en definitiva, ambas partes quedaron conformes. La oposición puede sostener que mantuvo una postura principista, y el Gobierno puede acusar de «irresponsable» a sus adversarios, lo cual refuerza su discurso de victimización ya insinuado en los discursos de Cristina Kirchner.

El único objetivo que el Gobierno se había fijado y no logró en este debate fue el de generar una fisura entre la facción «dura» de la oposición» liderada por Mauricio Macri y la «blanda» que se encolumna tras Horacio Rodríguez Larreta y la UCR.

Es por eso que una de las críticas que se le escucharon a Máximo Kirchner tras la votación fue que los opositores no estaban pensando en el país sino en definir una interna en la cual competían para ver quién lograba mostrarse más duro frente al Gobierno. En ese sentido, el llamamiento a «despabilarse» que el kirchnerismo le hizo a la UCR no encontró eco.

Pero en cuanto a las consecuencias económicas concretas de este rechazo, el Gobierno no queda mal parado, porque puede sostener su discurso sin que ello implique la pérdida de margen de acción para manejar el gasto público.

De hecho, la prórroga por decreto del presupuesto de 2021, no hace más que generarle al Gobierno una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos. Es una situación que ya había ocurrido anteriormente, en 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner.

Si, como cree la gran mayoría de los economistas, la inflación del año próximo se ubicará casi 20 puntos por encima de la previsión de Guzmán, esto implicará que habrá un aumento de los recursos impositivos mucho mayor al 45% previsto, y de esa manera habrá una masa de recursos para asignar vía decreto, sin el consenso del Congreso.

Hablando en números, de los $15,5 billones que el Gobierno preveía recaudar en 2022, se podría pasar a $24.000 millones si la inflación efectiva fuera la que está proyectando el gremio de los economistas que responde la encuesta REM del Banco Central.

No por casualidad, la primera aclaración de Guzmán fue que el rechazo del proyecto de ley no pondría en riesgo la continuidad de las políticas oficiales. Dijo que, mediante la prórroga del presupuesto actual, se podría «administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero».

En otras palabras, que el gasto público será ejecutado tal cual estaba previsto originalmente.

El FMI, ¿preocupado por el rechazo?

El gran interrogante es cómo reaccionará el Fondo Monetario Internacional ante este rechazo del Congreso. El organismo había pedido expresamente que cualquier programa que se firmara entre ambas partes debía contar con el mayor consenso político y social.

Pero claro, en su momento lo que todo el ámbito político interpretó era que al personal del FMI lo que más le preocupaba no era precisamente la postura de la UCR sobre un acuerdo de refinanciación, sino la postura de Cristina Kirchner, la única persona con poder político como para poder erosionar la autoridad de Alberto Fernández.

La propia vicepresidente reconoció tácitamente esa expectativa que se había generado en torno a su opinión cuando recordó que el Presidente era «el dueño de la lapicera» y aclaró que ella mantendría su apoyo en la medida en que el acuerdo no pusiera en riesgo la senda de recuperación económica del país.

Esto implica que, con la prórroga del presupuesto 2021 -que preveía un déficit fiscal de 4,5% para el año, aunque finalmente el «rojo» real fue de 3,5%-, el kirchnerismo no tendría motivos de fondo para oponerse a un acuerdo.

Alberto Fernández, en videoconferencia con Kristalina Georgieva: optimismo, pese al rechazo del presupuesto

En cambio, está la incógnita sobre la actitud de la oposición ante las conversaciones con el Fondo. Guzmán advirtió que el hecho de haber «volteado el presupuesto al país», podría poner en riesgo la concreción del nuevo acuerdo.

«Nos debilita como Estado Nación dentro de la Argentina y ante el mundo. Y eso nos lastima», escribió en Twitter. Y explicó que «significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de u$s44.000 millones que tomó el mismo espacio político que hoy ‘volteó’ el presupuesto. Y claro, afecta las negociaciones».

Tras ese posteo en las redes, Guzmán se comunicó -junto a Alberto Fernández- con Kristalina Georgieva, en una conferencia que, según comunicó la Casa Rosada, ya estaba pautada con anterioridad al tratamiento parlamentario del presupuesto.

A primera vista, no luce probable que la directora del FMI pudiera estar demasiado preocupada. En definitiva, la oposición que votó en contra del proyecto de Guzmán no estaba planteando un default de la deuda ni una expansión del gasto, sino todo lo contrario: su discurso está mucho más en línea con la necesidad de equilibrio fiscal que tradicionalmente ha defendido el staff del Fondo.

Por lo pronto, tras la videoconferencia, Georgieva hizo una declaración alentadora en el sentido de que las conversaciones van por el buen camino y se llegará a un acuerdo. Con o sin presupuesto.