La polémica que viene: darán una “renta básica universal” a nueve millones de personas

En el medio de la renegociación de la deuda, la crisis sanitaria y económica, el gobierno organiza implementar un nuevo subsidio para casi 9 millones de argentinos. En un contexto en el que una buena parte de los recursos del Estado están siendo consumidos por la crisis sanitaria que enfrenta el país desde marzo y en tiempos de renegociación de la deuda, la polémica gira en torno a un nuevo subsidio que tiene en agenda el Gobierno para implementarse antes de fin de año.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aportan un dato ilustrativo de la magnitud de dinero que han debido redireccionar: la suma que se destina desde esa cartera a alimentos ha pasado de 15 mil millones a 60 mil.

La crisis económica por la que atraviesa la Argentina ha revelado datos imprevisibles, como determinó el alcance del IFE. En el gobierno admiten que cuando pensaron en ese recurso para palear las consecuencias de la cuarentena imaginaron entre 2 y 2,5 millones de inscriptos. Al final de todo, se terminaron contabilizando 9 millones.

Hoy esa cifra es la que en el Gobierno toman como base para la “renta básica universal” que piensan poner en marcha antes de fin de año, según confió Hernán Torres Guerrero, subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de Desarrollo Social. Se trata de un conjunto de subsidios con los que el Estado planea arrancar el próximo año.

“Esa cantidad de beneficiarios va a ir bajando en la medida que la gente empiece a conseguir trabajo y la maquinaria de producción empiece a caminar”, precisa el funcionario de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

Sin embargo, se desconoce el tiempo exacto en el que se comenzarán a dar esas condiciones sobre las que Torres Guerrero comenta. Para preocupación de muchos, el pico aún no ha llegado y, por el contrario, las cifras continúan en ascenso. Con un número de testeos muy bajos hasta el momento, se prevé que el total de infectados por día alcance a 10 mil personas. Incluso, la cantidad de muertos por jornada, que ya se han estacionado por arriba del centenar, podría superar los 200.

Las autoridades han tomado nota de que es imposible volver a los inicios de la cuarentena, cuando el cierre era estricto. Ésta postura se vio reflejada en los comerciantes de Once que decidieron levantar sus persianas, desafiando la prohibición oficial. Desoídos, los inspectores dejaron de labrar actas y la autorización fue “de hecho”. Se sabe de abogados que están preparando acciones judiciales contra las autoridades de la Ciudad por “habilitar” actividades prohibidas por los DNU vigentes, atribuyéndoles las consecuencias de lo que pueda suceder.

Todos estos inconvenientes se suman a la tensión que se generó en el último tiempo entre Nación y CABA. Durante la semana, el Presidente habló de las camas que ocupan los jubilados porteños en la Provincia. Por ahora no es fuego cruzado, pues Horacio Rodríguez Larreta ha preferido mantenerse en silencio, aunque ha mandado a sus voceros a replicar de manera moderada.

En ese sentido, desde la vicepresidencia se deslizó una crítica a través de Twitter afirmando que “para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales”. Lo peor es que Cristina estaba retuiteando un mensaje de Wado de Pedro: “Después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la Policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte”.