A partir del 1 de marzo entrará en vigencia el Registro Único de delitos, vinculados a la tala clandestina de productos de bosques nativos.

Fuerzas federales junto a algunos rollizos de palo santo que se secuestraron. Gentileza: Secretaría de Ambiente

La tala clandestina e ilegal es un delito que sigue creciendo en la provincia y genera una gran preocupación al Gobierno provincial. El Estado busca adoptar e implementar medidas para detener y erradicar esta actividad ilegal que pone en serio peligro a los bosques nativos, su ecosistema y afectando en particular a la zona noreste de Salta.

Al ser un delito en materia ambiental, económica y social de esta actividad se rubricó un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Fiscal que establece la creación de una mesa de enlace entre dichos organismos y el desarrollo de un programa estratégico integral de control forestal.

Entre los puntos salientes, el acuerdo insta a la creación de un registro único de delitos, contravenciones e infracciones ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos.

Con este convenio, la Provincia busca ir subsanando esta situación e ir corrigiéndola. Hay un conjunto de organizaciones que están entendiendo la problemática y están trabajando para corregirla.

Problemática delicada

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en diálogo con El Tribuno explicó que esta articulación surge porque detectaron una problemática «muy delicada» que debía ser afrontada urgentemente.

«Esta problemática tiene distintas aristas. Fundamentalmente, es la extracción, tráfico ilegal e irregular de madera, merced a un accionar forestal ilegítimo que se viene verificando con mucha intensidad en la provincia, en especial en zonas del norte. Esta problemática impacta en distintas situaciones. Una es en los pueblos originarios y criollos que son explotados por este tráfico ilegal de madera. También se ha generado un mercado irregular donde aquel que cumple con toda la normativa ambiental se le hace muy oneroso y difícil de competir con otros que acuden a este mecanismo irregular de explotación», expresó Castiella.

El procurador comentó que el punto de partida de este trabajo articulado es la sistematización y el ordenamiento de la información y antecedentes de los infractores. Este es un plan progresivo que se ha establecido y el primer paso es crear una mesa de enlace entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuración General. Un punto fundamental es que la carga de datos de infracciones es que se va a realizar contemplando los últimos dos años.

Este organismo tendrá la función de elaborar en las próximas semanas un programa estratégico de control forestal y que sea progresivo. Se comenzó con la conformación de un registro único de delitos e infracciones.

Ahí se van a cargar de forma unificada todos los antecedentes y datos de los infractores. Además de las acciones que se hayan detectado. Esencialmente todo esto ronda en la explotación del palo santo que es una especie costosa y es protegida que está sujeta a una muy cuidadosa regulación.

Importante daño

Aunque no se sabe con exactitud sobre la cantidad de hectáreas que se ven afectadas por la tala ilegal, desde el Gobierno de la Provincia reconocen que es un «numero importante». Las zonas más calientes son Orán, Rivadavia y San Martín. Son también los lugares donde más secuestro de árboles de contrabando se producen.

El año pasado hubo más de 15 secuestros de camiones que iban con documentación falsa que fueron detectadas por personal policial. El destino de los árboles talados es para la comercialización en el mercado interno. Por ejemplo, el palo santo se utiliza para realizar postes para alambrar que van a parar a San Luis o La Pampa.

El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que la madera para exportación tiene un control mucho más estricto y que no se puede presentar documentación falsa o adulterada.

«El hecho de articular con esa información nos va a permitir tener un mejor conocimiento de las acciones que se están llevando, de los problemas y de los controles que se están haciendo que muchas veces no los podemos visualizar con la Justicia. Hoy vamos a tener ese registro que nos va a permitir tomar decisiones y compartir información», expresó.

Para los que están encargados de realizar el control tienen la desventaja de que la tala ilegal no es posible identificarla a través de una imagen satelital porque el color del bosque sigue siendo el mismo por lo que el satélite no lo puede detectar.

La única forma es detectarlo en territorio, sin embargo, la red que se dedica al transporte de madera ilegal también tiene un «sistema de inteligencia» para determinar donde están los controles por lo que vuelve más complejo la tarea. Para realizar los controles se trabaja con la policía caminera, la policía rural y Gendarmería.

«Con todo este sistema vamos siendo más eficiente respecto a los controles en rutas para que podamos ir viendo cuáles son las zonas más calientes respecto a la tala ilegal. Los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia es donde están los focos de mayor tala ilegal y se producen la mayor cantidad de secuestros y acciones», finalizó.

Proteger los bosques nativos

El Gobierno provincial, desde hace tiempo, continúa ejecutando acciones para proteger los Bosques Nativos en la provincia. 
Las medidas tomadas por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable lograron disminuir en un 41% los cambios de uso de suelo ilegales. Sin embargo, la tala y comercialización ilegal ponen en serio peligro al bosque nativo en tanto ecosistema, afectando en particular a la zona noreste de nuestra provincia.

f:ElTribuno