Hoy ingresará a la Legislatura un proyecto de ley. Aún no se sabe el nombre del interventor.
En las primeras horas de hoy, el Gobierno
provincial enviará un proyecto de ley para la intervención del
Ejecutivo municipal del municipio de Salvador Mazza. La información fue
confirmada a El Tribuno pasada la medianoche por Matilde Morillo, secretaria general de la Gobernación.
La
medida se tomó por el escándalo y los graves delitos que se le
investigan al intendente Rubén Méndez. En los operativos de ayer se
descubrió que escondía casi 200 millones de pesos en moneda nacional,
dólares y euros.
Si bien no trascendió quién será el interventor,
desde el Gobierno no quieren dejar correr más tiempo. Morillo precisó
que la intervención será hasta la próxima elección de 2023.
“Las causas son de tal gravedad que requieren un remedio extraordinario”, afirmó la funcionaria provincial.
Acusado de todo
Méndez
fue reelecto en 2019, con el 34,4% de los votos. Fue por el sector
kirchnerista del Partido de la Cultura. Cuando juró lo hizo delante de
su madre y por la Biblia.
El historial de la gestión de Méndez está
salpicado por denuncias y hasta una destitución. Eso justamente ocurrió
en junio de 2017, en su primera gestión.
Con el voto de ocho de los
nueve concejales se resolvió destituirlo. En ese entonces consideraron
que incurrió en diversas irregularidades en el manejo de los recursos
del municipio de frontera.
El 25 de febrero de este año, el fiscal
penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, lo imputó por los de los delitos
de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de
funcionario público, en grado de autor.
Del decreto de imputación
surgió que la intervención del fiscal penal Armando Cazón se produjo
tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del
Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.
En
la denuncia, Villalba hizo constar que el municipio de Salvador Mazza
cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la
Legislatura provincial y promulgada por la ley 8111, la que fija las
pautas obligatorias para el representante del Ejecutivo. Sin embargo, el
intendente no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas
por la normativa.
Según consta en el decreto de imputación, el
intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos
públicos, ya que en dos períodos fiscales incumplió con lo establecido
por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año
de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas
oportunidades mediante pedidos de informe.
Favores familiares
En abril de este año, el procurador general de la Provincia, Abel
Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación,
que estará integrada por la fiscal penal de Derechos Humanos Verónica
Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
La
Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de
distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza,
Rubén Méndez, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza
que solicitaba al Ejecutivo municipal una ayuda económica destinada a
dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
Esa ordenanza,
oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio,
estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia,
principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que
transitan la enfermedad.
En abril de este año el propietario de una
finca del paraje El Sauzal había denunciado la apertura de terrenos
vecinos para facilitar el contrabando por lugares no habilitados entre
Argentina y Bolivia. En ese entonces entre los señalados estaba el
intendente Rubén Méndez, y contra el secretario de Obras Públicas,
Roberto Orellana, quien anteriormente ya había sido denunciado por abrir
este tipo de caminos vecinales entre los dos países utilizando
maquinaria del municipio. Una de las fincas había pertenecido a los
Castedo
Intendentes y escándalo: de Villalba a Méndez
Salvador
Mazza no solo es conocida por ser una localidad fronteriza, sino
también por los escándalos y acusaciones contra los que ejercen el
poder.
En 2013, el entonces intendente Carlos Villalba había sido
hallado en uno de los seis locales nocturnos durante un procedimiento
realizado en agosto, en el marco de seis allanamientos que se llevaron a
cabo de manera simultánea en los que se rescató a 70 víctimas de
trata.
La causa se había iniciado el 29 de mayo de 2013, cuando
efectivos de la delegación salteña de la Policía Federal tomaron
conocimiento de que en la provincia funcionaría una banda dedicada a la
trata de personas con fines de explotación sexual.
Pese a eso,
Villalba intentó presentarse de nuevo para ser intendente. En esa zona
también fueron cuestionados los “peajes” que se cobraban a camioneros
para circular por el municipio.
Los casos se dan en uno de los departamentos más pobres, pero donde crece la preocupación por la inseguridad y el contrabando.
.