Nota extraída de TN por Sergio Berensztein

Si bien el aumento de la conflictividad se da en todo el país, el epicentro es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto se puede seguir tensando la cuerda sin que se generen episodios más complejos en materia social?

El año pasado hubo 6658 piquetes en todo el país, lo que marcó el registro más alto desde 2014. Sin embargo, todo indica que este lamentable récord va camino a superarse. Según datos de la consultora Diagnóstico Político (que realiza esta medición desde 2009),en los primeros cinco meses del 2022 hubo 3448 piquetes, una suba del 75% en comparación con el mismo período del 2021. Según los números parciales de junio, se estima que el mes podría terminar con una cifra similar a la de abril (908) y mayo (856).

Aunque este aumento de la conflictividad se percibe en todo el país, el punto neurálgico de las manifestaciones piqueteras es el centro de la Ciudad de Buenos Aires (en particular la Avenida 9 de Julio), que casi a diario sufre problemas de tránsito y demoras en el transporte público.

Este jueves, miles de manifestantes, en su mayoría del Polo Obrero, se acercaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social para exigirle a Juan Zabaleta que los recibiera. El ministro se negó a hacerlo y los manifestantes permanecieron allí hasta entrada la noche. Finalmente, lo que frustró el acampe no fue la gestión del gobierno, sino el fin de semana largo: el feriado diluiría por completo la repercusión de un eventual corte que se extendiera hasta el viernes, por lo que los piqueteros se retiraron, no sin antes lanzar una advertencia.

¿Cómo sigue esta historia? El miércoles se concretará el encuentro entre Zabaleta y las organizaciones piqueteras que reclaman más planes sociales, aumentos de los existentes, mayor cantidad de alimentos para los comedores y la creación de puestos de trabajo genuino. “Si el miércoles no hay respuesta, el jueves hay acampe”, dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. La conflictividad lejos de aminorar, recrudece, y esto se percibe en la tendencia al alza en la cantidad de piquetes.

Los líderes piqueteros le reclaman a la CGT que los acompañen en un gran paro nacional, a lo que la central obrera se ha negado. Además, acusan a otras organizaciones sociales, y en particular el Movimiento Evita, de haber abandonado la calle debido a su alianza con el gobierno nacional. La fragmentación entre los grupos piqueteros aumenta la radicalización de las agrupaciones que se movilizan que buscan diferenciarse y erigirse como los legítimos representantes de estos reclamos. Es en este marco que Eduardo Belliboni adquirió un protagonismo que hasta hace poco no tenía.

A su vez, el aumento de la conflictividad genera una amenaza en términos electorales para el kirchnerismo, que teme seguir perdiendo votos entre los sectores sociales más bajos que se fugan hacia fuerzas de izquierda. Este miedo intoxica el debate político, ya que el cristinismo se siente obligado a correrse a la izquierda en un intento por contener a su base electoral.

El gran tema que atraviesa los reclamos piqueteros es la inflación, que licúa (cada vez más rápido) el poder adquisitivo. Esta semana el gobierno publicó el DNU que modifica el Presupuesto en vigencia para este año luego de que el presentado el año pasado fuera rechazado por el Congreso. Guzmán ajustó las cifras de inflación, pero (una vez más) se quedó corto. Proyectó una inflación para 2022 del 62%, mientras que prácticamente todas las consultoras esperan que se ubique, con facilidad, por encima del 70%.

Recordemos que Guzmán comenzó con una proyección de inflación del 33% (según figuraba en el Presupuesto enviado en septiembre). Meses más tarde, en el acuerdo con el FMI pronosticó una inflación de hasta el 48%. Ahora dice que será del 62%. Parece que el ministro hace lo posible por erosionar su credibilidad con cifras que después no se cumplen (¿él ya lo sabe y solo intenta ponerles un techo a los aumentos salariales?).

Mientras tanto, la inflación en alimentos, que golpea en mayor medida a los sectores más bajos, acumula el 33,7% en cinco meses. ¿Cuánto se puede seguir tensando la cuerda sin que se generen episodios más complejos en materia social?

Pero el malestar no es exclusivo de los sectores más bajos. Nuevamente la inflación corre por encima de los salarios, golpeando también a los sectores medios. De hecho, en nuestra columna del lunes pasado mostramos que, según un reciente sondeo de D’Alessio IROL – Berensztein, el 64% de los argentinos afirma que sus ingresos han perdido respecto a la inflación en el último año, el 27% pudo mantenerse en la misma situación y solo 7% ganó. A su vez, respecto al próximo año, el 23% espera ganar, el 40% mantenerse y el 36% perder. Todo un reflejo de las expectativas económicas en la Argentina.

En este marco de fuerte pesimismo llegan los aumentos en las tarifas públicas, con un condimento adicional: habrá que registrarse para conservar los subsidios. La mentada segmentación se tornó más compleja de lo que se preveía, tal como habían anunciado distintos especialistas en la materia.

Evidentemente el gobierno no cuenta con la información para quitarles automáticamente los subsidios a los sectores de más altos recursos, y decidió atravesar el camino inverso: como regla se lo quitarán a todos, excepto que se complete la solicitud para mantenerlo, o al menos esto es lo que todos entendieron de los anuncios hasta ahora realizados (los cuales han sido escuetos y poco claros, agregando preocupación entre los usuarios).

A pesar del tiempo que dedicaron para planificar la segmentación, terminaron pasándole la responsabilidad a la población para que esta otorgue la información que hace falta. ¿Funcionará bien este mecanismo? ¿Hay antecedentes en otras partes del mundo de los cuales agarrarse? Si los aumentos no se distribuyen de manera correcta y justa, esto podría generar un malestar adicional al que ya producirán los aumentos. La clase media ya viene sufriendo los duros embates de la dinámica inflacionaria, como para padecer además los problemas burocráticos de una gestión errática y fallida.