Esta semana tuvo el respaldo de los gobernadores peronistas y ya hay dictamen de mayoría. El próximo 14 de julio se trataría en el recinto de la cámara alta.

A nadie hoy en día puede sorprenderle que la cuestión judicial es la obsesión de Cristina Kirchner. Desde el día 1 que asumió el gobierno del Frente de Todos. Cómo está conformada la pirámide del Poder Judicial (Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y fuero federal) y consecuentemente la causas de corrupción durante sus mandatos presidenciales que la incriminan con varios procesamientos. Tanto la vicepresidenta, como sus principales escuderos políticos, instalaron la teoría del lawfare como la guerra jurídica que usaron para perjudicarla.

Una batalla la inició el oficialismo en el Congreso con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El gobierno acusa a la Corte Suprema de “meterse por la ventana” en el organismo encargado de controlar a los jueces y fiscales. Mientras en las comisiones de la Cámara de Diputados avanzaba la discusión, la Corte contestó el 16 diciembre pasado con un duro fallo por el cual se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistraturaque fuera impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.

A todo esto, en el Senado, el Frente de Todos apura otra iniciativa de peso: ampliar la integración de la Corte Suprema. Claro, en la cámara alta juega de local Cristina Kirchner y contaría con los números necesarios para aprobarla. Distinta será la discusión en Diputados, donde la oposición de Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios harían pesar su rechazo para que fracase la ley.

Mientras el presidente Alberto Fernández apoya con baja intensidad estos proyectos, Cristina Kirchner blindó con el respaldo de los gobernadores peronistas el plan para engordar la composición cortesana. Estos jefes provinciales argumentan que este cambio debe promover la unidad nacional en cumplimiento de tres principios: mayor federalismo, paridad de género entre jueces y juezas y especialidades del derecho bien definidas.

A mediados de mayo pasado, buena parte de estos gobernadores oficialistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el bajo porteño. Con todo cocinado en un borrador redactado por juristas propios y del Instituto Patria, esos mismos dirigentes fueron hasta la Casa Rosada para entregarle el trabajo al presidente Fernández. Poco después, el proyecto oficial aterrizó en la mesa de Entradas del Senado.

El principal cambio que el Congreso deberá discutir es el que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema y lo amplía a 25. La vigente Ley 26.183, de 2006, dispone que el máximo tribunal del país debe estar integrado por cinco jueces y sus decisiones deben tomarse por la mayoría absoluta de sus miembros (tres o más votos coincidentes).

Hoy, esos lugares están ocupados por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda. El quinto puesto quedó vacante luego de la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, ocurrida en noviembre del año pasado.

El artículo 1 del proyecto oficialista modifica el artículo 21 del Decreto Ley 1285/58, texto según Ley 14.467, y propone que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por veinticinco jueces y juezas” y ante ella actuará la Procuración General y la Defensoría Oficial.

No obstante, el modo de organización y funcionamiento de la Corte Suprema deberá estar determinado por “una ley especial” redactada con posterioridad, según establece el último párrafo del primer artículo del proyecto de reforma.

En el segundo artículo, el proyecto establece que “durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas”. Es decir, al menos 13 votos.

El artículo tercero mantiene en su lugar a los actuales cuatro jueces al señalar que “conservarán sus cargos conforme lo estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional”, o sea “mientras dure su buena conducta”.

Además, se propone que la cobertura de las 21 vacantes “tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que el resto de los magistrados “se irán integrando conforme sean designados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”.

Respaldo político de los gobernadores peronistas en el Senado

Esta semana, algunos de estos gobernadores, asistieron al plenario de comisiones del Senado para darle apoyo político explícito al proyecto que tanto interesa a la vicepresidenta de la Nación. Estuvieron en el salón Illia de la cámara alta los mandatarios provinciales de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kiciloff; de Formosa, Gildo Insfrán; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Los senadores de Juntos por el Cambio no se presentaron a la reunión de comisiones, mostrando su rechazo a la iniciativa y sosteniendo que la Corte Suprema debe seguir funcionando con cinco miembros.

Alberto Rodríguez Saá, pidió abordar la discusión “por afuera de la grieta” que divide a los argentinos. “La grieta es tremenda y hace mucho daño a la Argentina. Nuestro proyecto es de un clima de unidad nacional, no pensamos todos igual”, aclaró el gobernador en la reapertura del debate en comisión sobre la modificación del máximo tribunal.

A la vez, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró que la convocatoria de los mandatarios provinciales para la reforma de laCorte Suprema se originó en “una crisis del federalismo y de la Justicia” que existe en Argentina.

“La crisis del federalismo y de la Justicia nos convocan”, sostuvo y destacó la cantidad de causas sobre las que el máximo tribunal debe fallar anualmente. En este sentido, consideró que “es imposible que una Corte de cuatro miembros pueda resolver todos estos casos”.

Completó la tanda de discursos el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Dijo que “la composición de la Corte Suprema de Justicia ha sido centralista, misógina y con un sesgo antifederal” y aseguró que hay “un avance del centralismo que avanza de la mano de la injerencia de las corporaciones que promueven un mecanismo de presión y manipular y manejan la justicia a su antojo”.

Cuando los siete gobernadores terminaron su participación en el plenario de comisiones, caminaron pocos metros desde el salón Illia hasta el despacho de la presidenta del cuerpo. Ahí los esperaba Cristina Kirchner para saludarlos y agradecerles el apoyo al proyecto de ley.

Con todo cocinado, y con los números suficientes en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la de Asuntos Constitucionales, se firmó el dictamen de mayoría. Así las cosas, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que el proyecto será llevado al recinto el jueves 14 de julio. “Es un tema que ya se debatió cuatro semanas. ¿Para qué vamos a seguir dando vueltas?”, preguntó ante los periodistas.

Desde la época del menemismo que no se percibía la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El presidente Carlos Menem eligió a sus cortesanos con la clara intención de tener sintonía entre sus políticas y el respaldo judicial.

De ahí la recordada etiqueta de la “mayoría automática” o la “Corte de los milagros” que tuvieron los fallos y acordadas de los jueces Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano. Claro, si prospera este proyecto kirchnerista, será una Corte numerosa y seguramente adicta al actual gobierno, que políticamente tiene a Cristina Kirchner como líder indiscutida.