El empresario kirchnerista es investigado por presuntamente haber evadido millones de pesos a través de facturas truchas de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, vinculada a la obra pública.

Lázaro Báez afrontará nuevamente un juicio oral entre los varios que cosecha en su contra. Esta vez se sentará en el banquillo de los acusados y deberá responder ante la Justicia por una presunta evasión multimillonaria vinculada a la obra pública.

El empresario kirchnerista será juzgado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Chaco, donde ganó contratos con la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, con la cual habría realizado distintas maniobras delictivas a partir de factura truchas que le habrían permitido evadir millones de pesos.

La firma también operó en Formosa, donde quedó a cargo de una obra organizada en tres licitaciones por un monto inicial de $ 500.264.450. Del total, Báez habría cobrado $ 372 millones por trabajos que no realizó y las obras que eran parte de la ruta nacional 86, quedaron abandonadas, según consigna el medio El Comercial.

En la instancia oral, serán juzgados varios colaboradores, entre los que se encuentran el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y su contador Claudio Bustos, cuya sombra también se cernió en Bahía Blanca, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a cerrar su Regional durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger al presunto testaferro de los Kirchner.

En la investigación chaqueña, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani arrastran embargos por $52 millones cada uno, lo que debería cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en concepto de impuestos a las ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que otro de los acusados, el abogado Jorge Chueco, sobrelleva un embargo menor: $3 millones.

Este caso que tiene en sus manos la Justicia, podría configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner ya arrastra por lavado de activos.