Los bienes recuperados de las causas de corrupción valen menos que lo que el Estado gasta en mantenerlos guardados

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  • 2019-11-05

Un informe recorrió tres de los 573 depósitos judiciales que existen en el país. Los objetos que fueron secuestrados.

Autos de alta gama, camiones, electrodomésticos y hasta ropa. Los bienes recuperados en las causas de corrupción y narcotráfico permanecen guardados en hasta 573 depósitos judiciales, a la espera que la Justicia resuelva que hacer con ellos. Mientras tanto, el Estado gasta más dinero en mantenerlos que lo que valen estos artículos en el mercado.

Una orden judicial obliga a las fuerzas federales de seguridad a resguardarlos hasta que se decida la situación procesal de sus dueños en el juicio penal. Mientras tanto, los bienes permanecen en un limbo: no pueden usarse para otros fines y están obligados a quedar inertes y a merced de las inclemencias climáticas, perdiendo valor.

Para resguardar el derecho de protección a la propiedad privada de la persona que aún no ha sido declarada ni inocente ni culpable, el Estado garantiza la protección de los bienes asignando personal de custodia y alquiler de depósitos. “Gastamos mil millones de pesos en bienes que valen 936 millones”, dijo Sergio Lombardo, el funcionario del Ministerio de Seguridad a cargo de la auditoría que reveló que la ecuación da pérdida, en diálogo con TN.

En los 573 depósitos de guarda judicial que existen en el país conviven una gran variedad de objetos. En un galpón de 600 metros cuadrados en Campo de Mayo hay pilas de ropa amontonada desde 1998; bolsas y cajas de zapatillas; cubiertas; electrodomésticos; precursores químicos; tachos industriales de aceite. Todo bajo un mismo techo, todo echado a perder.

Mientras las causas judiciales no avanzan, los bienes se corroen, se pudren, pierden valor; se vuelven chatarra o basura. Pero a fin de resguardar los bienes, se destinan 6136 efectivos por mes y se gastan 18 millones de pesos en el alquiler de los espacios de predios y galpones, porque los del Estado no alcanzan.

“Uno de los grandes problemas de no contar con una buena administración de bienes es que si la persona es inocente, el Estado debe devolver el bien en las mismas condiciones en el que lo recibió”, explica Agustín Carrara, especialista en delitos económicos.