Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray

Novedades en el mundo judicial: se reactivó otra investigación que podría complicar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Según detalla el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si los protagonistas cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.

Casanello adoptó esas medidas a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.

Para el funcionario, sin embargo, “la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto”. Recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas “para averiguar la verdad”.

Para López y De Sousa, la decisión judicial significó un traspié en sus planes. Confiaban en ser sobreseídos tras el dictamen de Delgado.

Desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.