El ministro de Economía se tuvo que comprometer a bajar el gasto para alcanzar las metas que impone el organismo de crédito. Una por una, las medidas que lleva implementadas.

El último viaje de Sergio Massa a Washington obligó al ministro de Economía a asumir que el ajuste es inevitable. Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta revisión del acuerdo con la Argentina y hasta concedió una flexibilización en la meta de reservas, el organismo de crédito le reclamó al Gobierno un “endurecimiento de la política macroeconómica” para bajar el déficit.

El Fondo afirmó en su staff report que, en un contexto de sequía cada vez más severa, con más inflación y un nivel débil de reservas, “se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad, abordar los contratiempos, y asegurar los objetivos del programa”.

La decisión del organismo habilitó un desembolso de US$5400 millones que aliviará la presión sobre la Argentina, pero asimismo desde el directorio advirtieron sobre una serie de cuestiones y pidieron más ajuste.

A pesar de estar ingresando en la campaña electoral, las últimas medidas económicas van en ese sentido, mostrando más control sobre el gasto, la moratoria y los subsidios.

Suba de tarifas

Según informó el FMI, el Gobierno se comprometió a avanzar con la quita de los subsidios energéticos para los hogares de altos ingresos a partir de mayo 2023 y el cierre de procesos de inscripción para poder acceder a la asistencia, por lo que se esperan incrementos en las tarifas de luz.

El fuerte aumento impactará sobre todo en los usuarios residenciales, cuyas tarifas eléctricas aumentarán, pero aún no se puede determinar de cuánto será exactamente la suba. Y también sobre los comercios.

Recorte de dinero para la obra pública

Los gastos destinados a obras públicas e infraestructura cayeron 37,4% en el bimestre. La inversión real directa fue de $39.739 millones, con una merma del 17,3% interanual. Y las transferencias de capital a provincias totalizaron $100.625 millones, pero cayeron 41,4% anual.

Además, las transferencias corrientes a provincias, una partida que el Gobierno viene reduciendo sistemáticamente, bajaron un 38,3% en el bimestre.

Límites a la moratoria

El Gobierno endurecerá las condiciones para entrar a la moratoria previsional. El FMI pidió regulaciones estrictas para apuntar el ingreso solo de aquellos con mayor necesidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de establecer los parámetros para el acceso a la moratoria para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no cumplen con los 30 años de aportes.

Según pudo saber TN, la institución liderada por Fernanda Raverta analizará la situación socio patrimonial del solicitante antes de otorgar el beneficio. Tendrá en cuenta sus bases de datos y las de otros organismos, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Devaluación

El FMI pidió evitar las intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa a corto plazo. A medida que las condiciones lo permitan y se aborden los desequilibrios, las medidas de gestión de flujos de capital, las prácticas de moneda múltiple y las restricciones cambiarias también deberían eliminarse. or ahora, comenzarán con un esquema de simplificación de algunos tipos de cambio.

En medio de esta escasez de reservas, Sergio Massa lanza el dólar agro, otro desdoblamiento para un sector particular que tiene como objetivo no tocar la cotización oficial. Una devaluación parcial, para evitar una devaluación general que impactaría en precios y salarios. Sin embargo, en un contexto de altísima inflación, el objetivo para evitar tener que devaluar antes de las PASO parece cada vez más difícil de alcanzar.

Recorte de planes sociales

El Gobierno lleva meses recortando dinero en planes sociales. En enero suspendió el Plan Potenciar Trabajo a casi 155.000 personas que no pudieron validar su identidad. Esa era una de las condiciones de egreso y permanencia que se había acordado con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En paralelo, la Casa Rosada descartó nuevos ingresos al programa, lo que renovó la tensión con los movimientos sociales. Y ahora comenzó a analizar la superposición de los planes Potenciar Trabajo y Nexo.

La ministra de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, rechaza que esté encarando un ajuste solicitado por el FMI. Pero, en el mismo hilo que publicó en jueves en Twitter, reconoció que hay ejecuta “un ordenamiento” para mejorar la transparencia del gasto público.